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La consciencia institucional y la prisión del alzheimer en La Palma

Nereida, con 77 años, no reconoce al hijo con discapacidad intelectual del que cuidó toda una vida. No hay suficientes recursos, ni para ella ni para cientos de ancianos de la Isla

Nereida ya no es la mujer con sentido del humor y dinámica que fue durante toda su vida. Ha dejado de reconocer, por efecto del devastador alzheimer, su propia existencia.

A sus 77 años, y tras ser diagnosticada con una demencia mixta  hace cuatro años, ya no recuerda a ninguno de sus tres hijos. Ni Siquiera al niño de sus ojos, Manuel, un hombre con discapacidad intelectual que ha cumplido 50 años y del que cuidó con mimo y paciencia durante toda su vida.  Manuel se ha convertido para su madre en un extraño al que ve llorar cuando se sienta a hacerle compañía, cuando la ayuda en sus quehaceres diarios, o cuando se cruzan en el pasillo.

Imagen de la Residencia de Pensionistas, donde obtener una plaza, aunque no especializada es muy complicado. | DA

Los hijos de Nereida, los dos hermanos de Manuel, se enfrentan cada día, no solo a la brutal realidad del deterioro de una mujer que lo ha sido todo en sus vidas y que no se reconoce a si misma, sino a una defectuosa administración que se muestra indiferente ante el dolor y las necesidades, una administración que se encoje de hombros y se limita a recordar, al que no lo sepa, que no hay plazas, pero que no se atreve a decir, abiertamente, que no existen siquiera los recursos en un presupuesto que este año, gracias al Fondo de Desarrollo de Canarias, supera los 100 millones de euros.

La familia de Nereida no tiene respuesta del Cabildo, que tiene las  competencias en materia de Asuntos Sociales transferidas por el Gobierno de Canarias desde desde 2002. El Cabildo y el área de ASuntos Sociales olvida sus obligaciones y no recuerda el decreto que le impone, desde el 20 de diciembre de hace nada menos que 14 años, su responsabilidad y obligación en materia de “servicios, medios personales y recursos para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de servicios sociales especializados a personas mayores y minusválidos”.

En Nereida confluyen las dos circunstancias, porque no solo es una anciana de 77 años, sino que su demencia mixta, en la que se combinan alzheimer y lo que popularmente se conoce como “falta de riego” o “senilidad”, la convierte por derecho en la usuaria de una de esas inexistentes unidades de atención para personas con demencia en la Isla.

Nereida es solo uno de los cientos de casos, en otros tantos centenares de familias que luchan, a veces incluso en situaciones de extrema pobreza, por sobrevivir cada día en un territorio insular con una de las tasas de envejecimiento más altas del Archipiélago,  donde predominan la vergüenza social y lo que el filósofo Fernando Savater denominó “residuos tóxicos” heredados de la contaminación franquista: el paternalismo político que obliga a dar las gracias ante el reconocimiento de derechos y la disponibilidad de servicios públicos.

Sin plazas en la Residencia de Pensionistas para cuidados sociosanitarios; con la lista de espera colapsada en el geriátrico del Hospital de Dolores; con una obra pendiente de concluir este año en el antiguo Hospital de Las Nieves para poner en uso el Centro de Día para personas con Alzheimer; y con un proyecto de centro sociosanitario plagado de ausencia de financiación suficiente para su puesta en marcha. Todo, frente a un compromiso genérico que habla de “subvención de SCE, para ofrecer tratamiento de estimulación cognitiva en diversas residencias y centros de día de la isla”.

Es incontestable el compromiso del Cabildo para la atención sociosanitaria, pero es claramente insuficiente. Desde la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, instan a la institución a darse cuenta de que “las residencias y centros de día que operan en la Isla recibían a personas mayores con autonomía, pero ese perfil ha cambiado por personas que llegan con demencia, con problemas de conducta y de comunicación que requieren de una atención especializada que no existe”.

La Palma es una isla envejecida. La institución lo sabe: en los últimos meses han recibido solicitudes para que, como administración competente, asuma la tutela para personas mayores solas, algunas en lugares muy aislados. Según los datos que maneja AFA La Palma, el incremento de personas mayores de 85 años, en el año 2015, fue de 582 personas que están en riesgo de padecer Alzheimer. Los datos son reveladores de la ausencia de decisiones para atender un realidad social incontestable: En la Isla, la población que pude tener Deterioro Cognitivo Leve (DCL), que puede evolucionar o no a una demencia, tiene una incidencia de un 20% en la población mayor de 70 años. Los técnicos de la entidad recuerdan que “hablaríamos por tanto de un total de 5.444 personas en riesgo de padecer demencia, cifra en la que no se incluye a los familiares y cuidadores, profesionales o no, que conviven y los atienden, y que necesitan asesoramiento, atención, formación, orientación…”.

CENTRO MAYORES LA PALMA
La sobrecarga de las familias de enfermos de alzhéimer, un
lastre sanitario y económico que se reduce con recursos públicos

Desde la AFA La Palma hacen todo lo que pueden y desde el Cabildo siempre e invariablemente, gobierne quien gobierne, se recuerdan los recursos materiales y económicos que se destinan a ayudarles. No es suficiente. En cambio, los ayuntamientos de El Paso, Garafía y Fuencaliente, se apoya con unos escasos presupuestos apoyados parcialmente por la institución insular proyectos como el denominado “Nuestra mente activa”, actividad dirigida a la población mayor de 60 años para prevenir y atender a una mínima parte de este amplio margen de población.

AFA La Palma ha valorado como prioritario establecer estrategias insulares que impliquen a todos los sectores sociosanitarios  vinculados en la atención y bienestar de este colectivo. Sus representantes recuerdan que “nuestra isla envejecida, nuestra realidad lo requiere ahora y en un futuro. Acciones inmediatas que pasan por la formación a los profesionales que atienden a las personas con Demencia en Recursos Residenciales y de Centros de Día, reajuste de protocolos de adaptación…”. Incluyen en ese listado con tintes de impaciencia “el tratamiento terapéutico para las personas con algún tipo de demencia, para mantener sus capacidades y retrasar su deterioro, en lugares cercanos a sus domicilios pero también el trabajo en prevención para la población mayor con envejecimiento normalizado, en lugares cercanos a sus domicilios”.

Es incontestable el argumento de la entidad, que en muchas ocasiones suple las funciones propias de la administración pública: “Es prioritario contar con partidas presupuestarias que permitan estas acciones, sin ellas son totalmente inviables. Y que la mesa de Alzheimer del Consejo Insular de Servicios sociales, comience a trabajar, para establecer la atención planificada a este colectivo”.

La voluntad de la mayor parte de las familias es cuidar en casa a sus ancianos, pero a esa situación solo llegan los privilegiados por un trabajo con nóminas suficientes que pueden apoyar el pago de cuidadoras. En una gran mayoría de los casos, en un intercambio dentro de la economía sumergida y con unos servicios prestados por mujeres inmigrantes, algunas en situación irregular. Las demás familias, la gran mayoría, tienen que malvivir con sus conciencias, culpables, agotados y eternizados en una espera que en muchos casos termina con el fallecimiento del anciano. Sin plaza.