El acuerdo alcanzado entre Fernando Clavijo y Carlos Alonso desde el pasado año para que el Cabildo de Tenerife financie y licite la obra del cierre del anillo insular, cuyo coste superará los 300 millones de euros, ha abierto una controversia jurídica y política. El mandatario insular esgrime un informe de los servicios jurídicos del Gobierno canario que se aferra al principio de interés general para legitimar la cooperación entre administraciones públicas para sacar adelante este proyecto, el túnel más largo de Canarias, con más de cinco kilómetros.
Los informes técnicos de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario hasta diciembre, es decir, hasta que la gestionó el PSOE, eran desfavorables a ceder al Cabildo la financiación y licitación del proyecto, según fuentes del anterior equipo directivo de este departamento. Podemos en el Cabildo ha pedido a Alonso el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos de la Corporación insular a su pretensión. Tanto Podemos como el PP en el Cabildo no son partidarios de la fórmula que plantea el presidente insular, toda vez que se trata de una obra competencia del Ejecutivo regional y que es objeto de negociación en Madrid para que se pague con recursos del Estado.
Una nueva voz ha surgido en este debate, la del concejal lagunero y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, para quien Clavijo y Alonso “están haciendo una maniobra para defraudar la ley bajo una apariencia de legalidad”. A su juicio, el acuerdo anunciado por el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y Carlos Alonso implica una vulneración de tres leyes. La primera: el artículo 37 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que, según precisa Pérez, “prohíbe la derogación singular de los reglamentos y, de hecho, con el convenio anunciado se derogará una norma que atribuye la gestión de esta infraestructura a la Administración autonómica, y no a las insulares”. A su juicio, aunque el Gobierno canario diga que no va a transferir la competencia, sino a firmar un convenio de cooperación, “se trata de una delegación de competencias encubierta”. En segundo lugar, según el jurista lagunero, “se infringe la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, “que en su artículo 5 prohíbe que cuando las comunidades autónomas hagan transferencias o delegaciones a diputaciones provinciales, en nuestro caso a los cabildos, no pueden efectuarlo a uno solo de ellos, sino que tiene que ser a todos, precisamente para evitar preferencias partidistas”.
En tercer y último lugar, señala Pérez, se vulnera Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque “en su artículo 1 derogó el artículo 28 de la anterior ley reguladora de bases de régimen local, que habilitaba a las entidades locales a que realizaran actividades complementarias de las otras administraciones públicas”. Esa opción, recuerda el político, “era una tradición antigua en nuestro derecho administrativo, que permitió, por ejemplo, que el Cabildo construyera y gestionara el Hospital Universitario de Canarias, pese a que las responsabilidades sanitarias correspondían entonces al Estado”. Pero tal precepto legal, insiste, “está derogado por la Ley de Racionalización que promovió el PP para velar por el principio de suficiencia y equilibrio financiero”.
Pues bien, a juicio del profesor de Derecho, “todas estas leyes las intenta sortear el Gobierno canario” con el anillo insular, por lo que no tiene duda de que “el fondo del asunto es ilegal, por discriminatorio, y porque en realidad estamos ante una decisión política tomada de antemano hace meses y se intenta ahora revestir de legalidad con nuevos informes”. “Se trata de encubrir la ilegalidad bajo la apariencia de un instrumento de mera colaboración entre administraciones” públicas, concluye el concejal.
Desde su óptica, si un informe jurídico del Gobierno apela simplemente al interés general, “cabría preguntarse por qué Clavijo hace caso a unos informes y otros los desprecia, porque al anteproyecto de la Ley del Suelo sus servicios jurídicos plantearon una clara objeción a atribuir por ley a los ayuntamientos la aprobación definitiva de los planes generales y no les hizo ni puto caso, dijo literalmente el político y profesor universitario.
El PP ADVIERTE DE QUE ESTÁ EN RIESGO QUE EL ESTADO PONGA DINERO
El presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, insistió ayer en que el Cabildo está poniendo en riesgo la contribución del Estado a la financiación del anillo insular. Subrayó en un comunicado que si el Estado pone 15 millones para esta obra y se los gastan en otra cosa, el mensaje que se da a la Administración central es que “Tenerife no necesita el apoyo del Estado para esta obra”.
En la misma nota, la diputada nacional y consejera del PP en el Cabildo Ana Zurita anunció que pedirá al Gobierno del Estado una revisión profunda del convenio de carreteras con Canarias para que atienda a la resolución de los problemas de los ciudadanos, en lugar de ser usado “para atender los compromisos partidistas”, en alusión, entre otros, a CC. “La pretensión del PP es dar un auténtico revolcón” al convenio, señala la parlamentaria nacional.
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