El ejercicio de la violencia no conoce, ay, de leyes, por mucho que la civilización no es posible sin el control de la misma por parte de las autoridades. Por ello resulta más terrible si cabe cuando es, precisamente, la autoridad quien comete el crimen. Sirve como magnífico ejemplo de ello el caso del sindicalista Antonio González Ramos, a quien secuestraron de madrugada en su casa lagunera unos criminales que entonces eran policías, allá por 1975.
Fue en la madrugada del 30 de octubre de 1975, tal y como contaba para este periódico Juan Carlos Mateu con motivo del cuadragésimo aniversario de estos hechos. Seis miembros de la Delegación Especial de la Dirección General de Seguridad, acompañados de cinco guardias civiles del Servicio de Información, irrumpieron en el domicilio de Antonio González Ramos, al que detuvieron en presencia de su mujer y sus cuatro hijos, de corta edad, por su vinculación a la Oposición de Izquierda (OPI), germen del Partido de la Unificación Comunista de Canarias (PUCC).
González, trabajador de la empresa tabaquera Philips Morris, fue trasladado a los calabozos de comisaría, en el sótano de la actual Subdelegación del Gobierno, en la capital tinerfeña, donde fue interrogado por el jefe de la Brigada Social, el temido comisario José Matute Fernández, cinturón negro de judo, tercer dan, que contaba con varias denuncias por malos tratos.
Entonces, el Real Decreto 10/1975 de prevención de terrorismo permitía detenciones de hasta 10 días en dependencias policiales (cinco, más cinco prorrogables) y se le aplicaba también “a quienes hicieran propaganda contra el propio real decreto”.
Esposado, apaleado
González Ramos, al que la Policía llegó a acusar de tenencia de explosivos, sufrió, con las muñecas esposadas, una brutal paliza. Según el sumario judicial, “la víctima recibió rodillazos en el estómago y, una vez derribada en el suelo, el acusado se dejó caer con las rodillas sobre la caja torácica, fracturándole varias costillas y el esternón, causándole, además, el desgarramiento del hígado (…)”. Ante la gravedad de las heridas se avisó a un médico de la clínica Santa Águeda, próxima a la plaza de Weyler, que solo pudo certificar la defunción a las 03.45 horas. Antes de confirmarse su muerte, un agente que prestaba servicio en los calabozos, ante el temor de que fuera implicado en el crimen, según las fuentes consultadas, puso el suceso en conocimiento del juzgado.
La versión de Matute, asegurando que el detenido había muerto a causa de las heridas sufridas después de lanzarse desde el coche policial en marcha cuando circulaba por la autopista, se desvaneció por sí sola.
El ensañamiento contó con la complicidad de un cabo primero de la Guardia Civil, que sería acusado como presunto encubridor. El policía jefe de la Brigada Social huyó a Venezuela y tras la muerte de Franco regresó a España, convencido de que la llegada de la democracia le perdonaría el delito.
Fue procesado por homicidio y permaneció un año en prisión provisional a la espera de un juicio que nunca se celebró, porque, tal como preveía, la Ley de Amnistía lo dejó en libertad en octubre de 1977, reincorporándose a sus tareas como policía.
Se dio la circunstancia de que durante la tramitación del procedimiento judicial el Ministerio Fiscal intentó renunciar a su competencia para que el caso pasara a manos de la jurisdicción militar, con el argumento de que uno de los detenidos, el cabo primero, tenía condición militar. El Tribunal Supremo lo rechazó. Sobre Matute recaía una condena de cinco meses de arresto, seis años de destierro de la provincia y el pago de 75.000 pesetas por un delito cometido el 20 de septiembre de 1975 (40 días antes de la muerte de González Ramos), cuando “lesionó y coaccionó”, según la sentencia de la Audiencia Provincial, durante un interrogatorio al estudiante Julio Trujillo Ascanio, de 21 años.
El conocido político socialista Arcadio Díaz Tejera sufrió en propias carnes las torturas de Matute. “Me detuvieron y durante cinco días recibí dos sesiones diarias de palizas por parte de Matute, en el mismo lugar donde pocos días después moriría Antonio González Ramos. Me daba golpes por todos lados, a veces de frente y a veces por la espalda, cuando yo no tenía posibilidad de preverlo; me pedía información y, sobre todo, el nombre de compañeros”, recordó Díaz Tejera, que admitió que el resto de agentes no le tocaron. A sus 21 años ya formaba parte de una de las células de izquierdas que operaba en la clandestinidad. “Todo ese círculo fue detenido a raíz de la incorporación al mismo de un joven peninsular, aparentemente un activista contra el régimen, que resultó ser un infiltrado de la Policía”, apuntó Santiago Pérez.
“Un testigo presencial -añadió- me contó una imagen que me acompañará siempre: dos policías arrastrando por los pasillos a Arcadio tras cada sesión de tortura. Lo llamábamos King Kong, porque pesaba 90 kilos y era muy fuerte. Uno de los nombres por los que preguntaba Matute era por el mío y jamás me delató. Nunca lo olvidaré”.
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