Los llevamos perdiendo todos. Los sistemas se miden mejor por sus errores que por sus aciertos. El último, el del Decreto de las Viviendas Vacacionales de Canarias de mayo de 2015, en el cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falla contra el Gobierno de Canarias. Pleito de Fevitur, la Federación Española de Viviendas Turísticas, y la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que demuele el decreto canario, que se opone directamente a la Bolkestein. Esta forma parte del núcleo del Tratado de Lisboa, marco jurídico general de la Unión Europea y a su vez del derecho básico español, que está vigente en España desde enero de 2010, incidiendo sobre toda la legislación, entre ella la de unidad de mercado, la comercial y la de régimen local. El problema de fondo surge del conflicto entre la legislación europeo-nacional, que liberaliza y unifica el mercado, y la legislación autonómica, que lo restringe. En los tribunales siempre gana la ley.
Son múltiples los derivados contra la Bolkestein y los efectos que se producen. El primero y más generalizado, las aperturas de locales para negocios y habitabilidades para viviendas propias o vacacionales, que los ayuntamientos aún vienen negando por acto comunicado, cuando están vigentes desde el 2010. Santa Cruz regularizó esta situación en febrero de 2017, más de la mitad de los ayuntamientos de Canarias no lo han hecho a la fecha. Quejarse del paro y no resolver este problema, que daría empleo a las pequeñas actividades ligadas a las aperturas referidas, no deja de ser una contradicción, negativa para el desarrollo, en este caso de los más pequeños.
Otra deriva de alto coste. Los pleitos perdidos por el Gobierno de Canarias con la legislación de la moratoria, contra la línea de flotación de la Bolkestein. Solo el caso Lopesan, en Gran Canaria, condenó a nuestro Gobierno al pago de 168 millones de euros, según hemos visto en los medios. 1.000 millones de euros más nos aguardan en los juzgados a cuenta de la moratoria. Toda la nueva legislación turística viene adoleciendo del mismo problema, donde se pretende restringir la competencia entre operadores, convirtiendo la legislación urbanística y/o ambiental en la llave. Igual que con el emplazamiento de las grandes superficies, en contra de la Bolkestein. El Gobierno sólo debe rendirse a los lobbys hoteleros, municipales o comerciales, luego de cumplir con la Bolkestein. La nueva Ley del Suelo de Canarias tiene asumida la Bolkestein. Cuando los sistemas evolucionan, no es posible darles más calidad a través de imponer más normas externas como en Canarias, sino que la solución está en cualificar al operador. Ello es obvio en la industria del automóvil, hoy en la industria turística y ya en todo. Eso es lo que hace la Bolkestein, directamente contra la conocida “maraña administrativa”, confiando en que quien mejor hace las cosas es cada uno, con un marco normativo sencillo, claro y barato. El privado en una sociedad competitiva no puede pagar los costes de equivocarse, que triplican el coste de origen, ello equilibra el sistema.
La globalización e internet han multiplicado el efecto, transformando las relaciones en P2P, esto es, reduciendo la intermediación y convirtiendo en empresario a todo operador. Se desplazan con ello las relaciones al ámbito civil y/o mercantil y nos alejamos del derecho administrativo. Quien se niega a ello, incumple la Bolkestein, pierde los pleitos y pagamos todos. O sea.
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