Todos los firmes defensores de la Ley de las Islas Verdes, planteada como salida al estancamiento económico de La Palma después de un letargo en desarrollo turístico señalado como cómplice directo del paro cronificado, y de la persistente regresión en número de habitantes en la Isla Bonita, persiguen lo mismo: Una seguridad jurídica que trascienda las fronteras insulares y que la coloque de nuevo como espacio de inversión. Es lo que esperan los promotores que desde hace años compraron suelos con potencial interés turístico en costa y medianías, y para otros que desde el exterior, deberán dejar de asociar el territorio palmero con un lugar “imposible” para construir y rentabilizar la inversión.
El IX Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que hasta hoy viernes ha traído a La Palma a destacados expertos en la materia, ha sido reflejo de los extremos del debate en torno a esta controvertida ley, a la que el Tribunal Constitucional (TC) ha dado aliento hace apenas unos días al denegar a Podemos su petición de suspensión.
El experto en Derecho Urbanístico y Administrador General de la Comunidad Autónoma de Canarias en excedencia -actualmente profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de la Laguna- Angel Risueño Díaz, no cree que los principios de sostenibilidad sobre el frágil territorio palmero estén en riesgo.
Eso sí, siempre y cuando “se apruebe el proyecto de Ley del Suelo de Canarias en el que los proyectos estén sujetos a evaluación ambiental estratégica”.
Con Cotmac o sin ella, los proyectos turísticos que el Cabildo quiere permitir en el territorio palmero deberán contar con una evaluación ambiental, de forma que sino existe “el vigilante” regional, se supeditarán, de forma natural, a la normativa estatal.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el técnico urbanista y de la administración local, no ve en la vigilancia y en las posibles denuncias a esta controvertida normativa, como un lastre y se refiere a ese frente como a “un conflicto que nos lleva a tener una mejor normativa”. Pese a todo afirma que esas denuncias, de las que ya es precursor el grupo de Podemos en la cámara regional, “ralentiza las inversiones económicas”.
Tanto él como su colega, el Doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia, Martín Orozco, auguran una larga esperanza de vida y garantías a la polémica normativa, y confluyen en la consideración de que esta nueva herramienta es mejor que la norma anterior. Orozco va más allá y asegura que la situación anterior a la Ley de Islas Verdes defendida por Pestana en el Parlamento, es “de enorme inseguridad jurídica, con planes especiales y planes generales anulados y una norma que exige la confluencia de ambos documentos para autorizar cualquier tipo de actuación”. La modificación de ese lastre, en términos económicos y de desarrollo de esa normativa, dejará paso según este abogado del Estado en excedencia, “a resolver ese problema creando instrumentos más flexibles”.
Si a eso se le suma la Ley del Suelo, hermana mayor de la planteada por el Cabildo, se concluye que la Isla está creando “proyecciones de futuro que tienden a resolver los problemas de inseguridad jurídica”. Pese a todo advierte de que “no hay una seguridad jurídica garantizada por ninguna Ley”. Añade Orozco que “lo que sí es cierto es que la iniciativa del Cabildo con esa proposición de Ley, es intentar poner fin a la situación de inseguridad jurídica que existía”.
Eduardo Risueño es bastante más escéptico que Orozco respecto de las bondades del modelo escogido por el Cabildo para lograr el desarrollo turístico. Recuerda que aunque “el modelo de suelo rústico sigue presente en la Ley, la previsión de instrumentos de planificación singular turística puede llegar a desnaturalizar la importancia que se atribuye al suelo rústico”.
Explica que “el suelo rústico sigue siendo el protagonista pero las actuaciones, desde el punto de vista económico, se van a tramitar a través de estos instrumentos denominados de planificación singular; lo que ocurre es que vamos a pasar de un sistema en el que se establece la ordenación para luego ejecutarla, a un sistema en el que de forma aislada se pueden ejecutar actuaciones al margen del entorno”.
Urbanismo sostenible
Más allá de la autoconstrucción o la capacidad de urbanizar nuevas zonas para uso de viviendas, en eso que algunos definen como “planeamiento doméstico”, los ciudadanos de a pie, están en general muy alejados de tecnicismos, ajenos a clasificaciones de suelo, cambios normativos y hasta de las posiciones concretas de los partidos políticos a los que votan en las urnas.
Hoy viernes, el IX Congreso Canario de Derecho Urbanístico abordará cuestiones como “planeamiento y cambio climático”, y el “urbanismo sostenible”. Ambas ponencias, por parte de Menéndez Rexach y Fariña Tojo, tendrá lugar el debate “Nuevas Formas de entender, planificar y gestionar el territorio”.
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