El artículo 36 del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife aborda el trato que los agentes deben dispensar a los ciudadanos. En él, además de recoger que ese trato deber ser “exquisito y esmerado”. También se detalla que “actuarán con la reflexión, diligencia y prudencias necesarias, sin aventurar juicios ni precipitar decisiones, no dejándose influir por impresiones momentáneas, animosidades, ni prejuicios personales”. Una disposición esta a la que, sorprendentemente, tal y como denuncian los sindicatos policiales, parece que no tienen derecho los propios agentes de la Policía Local, a los que este nuevo reglamento sí que aplica prejuicios y se deja llevar por impresiones momentáneas. Y es que, tras leer de forma detallada algunos de los artículos recogidos en este reglamento, se refleja en ellos, cuando menos, prejuicios ante los tatuajes, que prohíben y obligan a “maquillar” o “cubrir”, las barbas largas, que no deben superar los dos centímetros de longitud, o los tintes de pelo “que alteren la uniformidad”.
El control del reglamento sobre los agentes es tal que, incluso, regula su vida privada, al prohibirles “embriagarse” fuera del trabajo de manera “habitual”, definiendo como habitual que lo hagan más de tres veces al año. Además, deben cuadrarse ante los cargos políticos, limitar el uso del móvil, no permanecer en bares o cafeterías en horario laboral o acudir con el uniforme de gala a los juzgados, independientemente de si están o no de servicio.
Artículo 69
Un solo artículo, el número 69, centra la mayoría de las críticas en lo referente a la vulneración de derechos fundamentales que denuncian los sindicatos. En él, se les prohíbe llevar tatuajes visibles, que han de ser ocultos “con mallas, medias, maquillajes u otro elemento del tono de la piel que no resulte estridente o llamativo”. En cuanto al uso de la barba, para la que han de pedir permiso a sus mandos, “no puede exceder de dos centímetros de largo”.
El mismo artículo establece que “queda prohibido el uso de tintes capilares cuyos tonos alteren la prevalencia de la uniformidad o desdigan la corrección en el aspecto”. Se preguntan los sindicatos quién establece qué color de pelo es el que mejor combina con el uniforme. En todo caso, apunta la norma, “deberán de ser de forma y colores discretos”.
Este artículo va más allá, y, recoge lo que algunos han determinado como “discriminatorio”, puesto que diferencia de manera clara entre hombres y mujeres en el tema del aspecto. A las mujeres se les autoriza a llevar el pelo largo, siempre que lo recojan en una coleta. A los hombres, solo hasta el cuello de la camisa. “El cabello del personal femenino, cuando sobrepase la altura de los hombros, deberá ir recogido. El cabello del personal masculino no podrá exceder de la parte inferior del cuello de la camisa o cazadora y no deberá cubrir las orejas…”. En caso de que no fuera así, deben tener autorización y entonces, al igual que las mujeres, deberán recogerlo en una coleta.
El saludo militar. Este aspecto está recogido en otro de los artículos que ha despertado el rechazo de los agentes. Aunque instaurado desde el anterior reglamento, los sindicatos no entienden cómo se ha mantenido en el actual. Saludo militar no solo a sus mandos, sino también a todos los cargos políticos, incluidos los concejales del Ayuntamiento. Incluso se detalla cómo es la forma correcta de ejercer el saludo: “El saludo consistirá en llevar la mano derecha, doblando el brazo por el codo, con el antebrazo y la mano en línea recta hasta el literal de la visera de la gorra o sitio similar de la prenda de la cabeza”. En una lectura en profundidad de este reglamento, que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz solo con los votos del grupo de gobierno (CC-PP), se observa cómo se contradice en sus propias normas. Mientras el artículo 69 establece en su punto 1 que no se podrán “utilizar maquillajes que alteren la prevalencia de la uniformidad”, en el punto 2 admite que los agentes maquillen sus tatuajes o utilicen mallas que alteran la uniformidad.
Militarización
Sin embargo, a pesar de lo llamativo y “reaccionario”, como lo calificó el concejal de IU, Ramón Trujillo, de algunos de los artículos en cuestión, para los sindicatos no deja de ser anecdótico dentro de lo que consideran que es el verdadero objetivo del reglamento, que no es otro que el de la “militarización del cuerpo”, tal y como afirma el delegado sindical del CSI-F, Jesús Illada.
“Pretenden que no cuestionemos nada, se meten hasta en nuestra vida privada, sin tener en cuenta que somos funcionarios”, defiende Illada. Para este representante sindical, uno de los aspectos más graves de este reglamento es lo que tiene que ver con la organización del trabajo. “Se deja a la arbitrariedad del mando cuestiones como el cambio en los horarios, sin negociación previa, o que se den órdenes sin que estas vayan por escrito”, explica Illada, que incluso detalla que el reglamento establece que algunos de los puestos de mando podrán ser ocupados por la “idoneidad” de la persona y no por antigüedad, méritos y capacidad, “tal y como ocurre en cualquier otro estamento del funcionariado”. Recuerda Illada que si de regular la imagen de los funcionarios se trata, “no somos los únicos que llevamos uniformes, también lo llevan los ordenanzas y otros trabajadores municipales”. Mientras, en el otro lado, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, defienden que el reglamento ha recibido el visto bueno de todos los estamentos implicados y se adapta a la legalidad vigente.
El alcalde ya les ha avanzado a los sindicatos que lo máximo que está dispuesto a hacer es sacar una orden para aclarar los artículos más polémicos, pero que no habrá modificación alguna del articulado. González, por su parte, defiende que el reglamento ha sido negociado con los sindicatos, tal como muestran las alegaciones aceptadas. Además, insiste en que muchas de las cosas ya estaban en el reglamento anterior, por lo que no entiende la polémica con cuestiones ya en vigor. La edil defendió en el Pleno que el texto tiene el visto bueno de los servicios jurídicos y de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias.
El Grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Cruz es uno de los que se ha expresado públicamente en contra de este reglamento. C’s asegura que el reglamento “podría infringir las garantías del principio de legalidad en las infracciones administrativas”.
En este sentido, la concejal de C’s Evelyn Alonso denunció que “la exigencia de determinadas obligaciones en la presentación personal de los agentes es una materia que tiene reserva de ley” y, por lo tanto, “compete a la legislación autonómica”. Además, ha destacado que “el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha calificado como ilegal una normativa muy similar a la de Santa Cruz”.
El edil de IU, Ramón Trujillo, también ha criticado duramente esta norma, a la que califica de “reaccionaria”. Recuerda Trujillo que los sindicatos Asipal, CSI-F, CC.OO. y UGT han denunciado el documento con el que se pretende “militarizar” el cuerpo de seguridad local.
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