El Ministerio de Fomento tiene ya en el horno el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021. Antes del día 30, es decir, del martes, todas las comunidades autónomas tienen que presentar la documentación al Gobierno central para cerrar el documento y así aprobarlo cuanto antes. El caso es que, mientras el Ejecutivo canario prepara esta nueva iniciativa para llevarla a Madrid, promotores y familias aún esperan que se les pague lo adeudado en el plan anterior (2009-2012). Son más de 10 millones de euros (8 a las promotoras y 2,5 a las familias beneficiarias) en concepto de subvención y ayudas que no han llegado a los destinatarios.
Esta deuda data de 2010, cuando el Gobierno autonómico concertó el último Plan de Vivienda, a través del cual se posibilitó el acceso a una casa de protección oficial en distintos puntos de la geografía regional a familias desfavorecidas. Igualmente, buena parte de los ciudadanos que se acogieron a las ayudas para la adquisición de este tipo de construcciones aguardan el ingreso de la subvención comprometida hace ya más de cinco años.
El anterior director general del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, declaró en febrero del año pasado a este periódico que desde el Ejecutivo regional se estaba buscando una solución “lo más rápida posible” para todos los afectados por los recortes de este plan y que se atendería la deuda.
José Gregorio Pérez realizó estas declaraciones a DIARIO DE AVISOS después de que este medio se hiciera eco de las denuncias de varias empresas del sector de la construcción, más de una decena de la isla de Tenerife, que hablaron, incluso, de quiebra de sus negocios ante la imposibilidad de atender los pagos. Ahora, un año después, el Gobierno sigue sin pagar lo comprometido en el Plan 2009-2012 y algunos de los afectados se quejan, incluso, de que no quieren reconocer la deuda. Ya el anterior director general de Vivienda reconoció que “no hay compromiso legal en pagar estas ayudas, puesto que se debe a la situación económica”, aunque sí admitió un compromiso “moral y decente”.
Algunos de los afectados señalan que es “indignante” que, sin pagar el plan anterior, “el Gobierno embauque a promotores y familias en un nuevo plan. Hace siete años los políticos se sacaron la foto entregando las llaves de las viviendas a centenares de familias con problemas, y hasta que no se haga efectivo el abono de las citadas subvenciones, las únicas que han contribuido a abaratar esas viviendas protegidas han sido las empresas constructoras, que hoy están en apuros por culpa del incumplimiento de la Administración autonómica”.
Hace un año, el director general de la Vivienda ya admitió “la situación angustiosa” por la que están pasando constructores y familias, pero avisó de que “las ayudas se atenderían en función de las necesidades”.
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