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El impuesto al azúcar en Canarias va ganando adeptos, pero combinado con otras medidas

Representantes de los sectores de la sanidad, la industria, la economía y el consumo coinciden en la necesidad de implantar acciones que frenen las altas tasas de obesidad y diabetes que hay en el Archipiélago y proponen reducir el coste de los alimentos más sanos.

Por María Fresno/ Jessica Moreno

Desde que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, anunciara la intención del Ejecutivo regional de implantar un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas y la bollería, las reacciones a esta medida han sido diversas y variadas. La propuesta de la comunidad autónoma, anunciada después de que Cataluña implantara este mes de mayo su nuevo impuesto, ha generado un importante debate en la sociedad canaria, con opiniones para todos los gustos. Lo cierto es que, independientemente de que se trate de una acción recaudatoria, Canarias lidera la cifra de obesidad y de diabetes, no solo del país, sino también a nivel europeo. Esta realidad hace replantearse la necesidad de poner coto a una situación muy preocupante desde el punto de vista sanitario.

DIARIO DE AVISOS ha querido hacerse eco de ese debate que existe en la sociedad y conocer la opinión y propuestas de distintos colectivos. Para ello, este medio ha organizado un coloquio en el que han participado el nefrólogo Benito Maceira; el vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Andrés Calvo; el portavoz de la Unión de Consumidores de Tenerife (UCE), Raúl Alonso; y Mónica Mesa, economista y consultora del área de Servicios Fiscales de la firma ASSAP.

Todos los participantes fueron conscientes de la necesidad de poner en marcha medidas para frenar el consumo de alimentos no tan sanos y favorecer unos hábitos de vida saludables. La unanimidad se pierde en el momento en que se plantearon las medidas que se pueden adoptar para lograr el mencionado fin y, más en concreto, el impuesto anunciado por el Gobierno. No obstante, a priori y con determinados matices, tres de los presentes se mostraron favorables a poner en marcha la tasa para bebidas azucaradas.

El experto Benito Maceira argumentó que “Canarias es la comunidad autónoma más obesa de Europa y que más padece las consecuencias de la diabetes. Nuestros diabéticos se mueren tres veces más que en el resto del país”. Insistió en que buena parte de esta situación es causada por el consumo en exceso de grasa, sal y azúcar, por lo que abogó por implantar medidas que promuevan la reducción de estos productos.

Por su parte, la economista Mónica Acosta apoyó las medidas que puedan reducir los hábitos de consumo, aunque recalcó que estas por sí solas no bastan. Reclamó un “compromiso político y social”, que suponga iniciar un cambio de mentalidad en los colegios, para frenar el consumo de estos productos insanos.

Una postura más o menos similar fue la defendida por el portavoz de los consumidores, indicó Raúl Alonso (UCE), quien avaló la propuesta del Gobierno, “aunque solo se conciba como una medida recaudatoria”. Agregó que “hay muchos productos que por sí solos son insanos, como es el caso de ciertas bebidas refrescantes, cuya cantidad de azúcar es desproporcionada respecto a la ingesta diaria recomendada”.

El representante de Asinca se posicionó de forma contraria a la tasa. “Los asuntos que tienen que ver con los impuestos no son todos blanco o negro”, afirmó. Asimismo, Andrés Calvo (Asinca) ,se mostró preocupado de que, pese a la posible instauración de esta nueva tasa, “el consumidor no sabe lo que va a pagar, se va a consumir lo mismo. Solo será un incremento de la recaudación de la comunidad autónoma”. Indicó que, a su juicio, la iniciativa “no servirá para hablar de los hábitos de vida saludables, algo que sí deberíamos hacer”. Calvo defendió también que estas medidas deben ser neutrales, que vayan enfocadas a la reducción del consumo de productos no saludables, sin que sea una propuesta solo recaudatoria. Se mostró partidario, en el caso de que se apruebe el gravamen, acompañarlo con otra serie de actuaciones y extenderlo también a otros sectores de la industria, con otros productos como pueden ser la grasa o la sal, y utilizar parte de esa recaudación para reducir el coste de los productos más sanos.

¿Se reducirá el consumo?

Los participantes en el debate de DIARIO DE AVISOS coincidieron en mostrar su convencimiento de que la medida realmente inducirá a registrar un menor consumo de los productos gravados. De hecho, Benito Maceira puso sobre la mesa un estudio elaborado por el British Medical Journal, que refleja que el porcentaje de reducción del consumo de un producto es similar al porcentaje del impuesto que se le aplica, en el caso de las bebidas azucaradas. “Si sube el impuesto el 15%, la reducción del consumo es igual, y además se traduce en una bajada del 1,5% de la obesidad y del 2,6% de la diabetes”, añadió. “La imposición disuasoria de estas bebidas repercute claramente”, aseveró.

Una de las posibilidades barajadas por Mónica Mesa es el hecho de que este impuesto tenga más efectos en los productos que no tengan un sustituto. Manifestó que el problema que se puede detectar es que la subida de precio no sea tan significativa para que una persona deje de consumirlo. Asimismo, recordó el caso de México, donde hace años se gravó el consumo de bebidas refrescantes, provocando una ligera disminución del consumo. “En este caso nos faltaría saber si efectivamente ha tenido consecuencias en los índices de obesidad”, matizó.

El impuesto tendrá, como no únicamente un efecto disuasorio en el consumo, sino también un posible efecto arrastre. Así lo defendió Raúl Alonso, que aclaró que no solo las personas que se conciencian dejan de consumir un producto por su daño, sino que también, luego, lo trasladan a otros terceros, que a su vez pueden dejar de adquirirlo. “Esto nos puede llevar a que los productores sustituyan el producto en sí por otro que no tenga azúcar, algo que también es positivo”, añadió. Además, se mostró confiado en que exista un cambio en la mentalidad del consumidor. “Con el anuncio de este impuesto, la gente ya empieza a comentarlo y se está abriendo un debate”, señaló. No obstante, al igual que los participantes, recalcó que es necesario que esta propuesta venga acompañada de más acciones complementarias.

Andrés Calvo insistió en que una de las claves para incidir sobre esto modo de vida es la educación y la concienciación en edades tempranas. “Queremos poner un impuesto a un fracaso en la formación”, argumentó. En cuanto al gravamen, indicó que ya el mercado libremente toma medidas y ofrece productos sustitutivos con menos cantidades de azúcar. Del mismo modo, añadió que una de las posibilidades, a largo plazo, es que esta tasa sea pagada por los usuarios, sin existir una concienciación real de la importancia de reducir el azúcar, tan solo por un mero “efecto agotador”.

Sobre la incertidumbre en cuanto a la evolución de este impuesto, Mónica Mesa argumentó que uno de los escenarios posibles es que la propia industria asuma el coste de incrementar el precio de las bebidas refrescantes, no trasladándolo, finalmente, al consumidor. “Puede que el fabricante costee el impuesto y que no repercuta en el consumidor porque la rentabilidad sea mayor”.

Libertad del consumidor

Uno de los aspectos puestos sobre la mesa durante el debate, fue la idoneidad -o no- de que el Estado ponga en marcha este tipo de medidas y hasta dónde estas van en contra de la libertad individual de cada usuario. Este aspecto fue planteado por el portavoz del sector industrial. Así, como ejemplo llevado “al absurdo”, así aludió a un posible impuesto para que los ciudadanos hicieran deporte, con el fin de potenciar, también, un estilo de vida saludable. “Si intervenimos en una cosa, lo hacemos en todo, porque si no estamos siendo injustos con una parte de la industria”, defendió.

Al respecto, Maceira manifestó que es “compatible” poner en marcha un gravamen para determinados productos y seguir manteniendo la libertad individual. “El Estado tiene derecho a desincentivar ese consumo si se considera perjudicial”, apuntó.

Además, recalcó que, por ejemplo, una lata de refresco contiene 25 gramos de azúcar, lo que equivale a seis cucharadas, siendo esta la cantidad máxima recomendada a diario por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al igual que otros de los participantes de la mesa, hizo hincapié en que esta es “solo una medida parcial, que por sí sola no arreglará el problema de la obesidad en Canarias”. En esta línea, Raúl Alonso aclaró que “toda acción del Gobierno limita la libertad personal” y puntualizó que el impuesto “sí da libertad a la hora de consumir o no, solo que se paga más”. Además, afirmó que siempre que se ponen en marcha este tipo de acciones, el sector afectado pide que se lleven a cabo las mismas medidas en otras industrias similares. Por eso, dijo que el impuesto planteado es necesario, al igual que defendió legislar sobre las cantidades óptimas en los alimentos de productos como el azúcar, la grasa o la sal, entre otros.

Benito Maceira abogó por implantar acciones “para cambiar el mundo”. Destacó que el 70% de la población canaria no puede comer sano debido a los bajos sueldos y una incitación consumista brutal, por lo que propuso reducir las tasas de aquellos alimentos más saludables, como las frutas o verduras. “Me parece que si una sustancia es claramente perjudicial hay que prohibirla; entiendo que no se haga, pero para mí habría que prohibirla”, defendió el nefrólogo. Recordó, en el debate de la libertad personal, que en su momento se obligó al uso del cinturón de seguridad, “y la gente lo asumió”.

Cuestionados sobre la posibilidad de llevar a cabo otras acciones con la industria para que sea esta quien reduzca las cantidades de azúcar, el portavoz de Asinca puntualizó que esta es una posibilidad que se ha de estudiar. No obstante, el nefrólogo manifestó que “ya anteriormente se ha intentado esta posibilidad, pero no se han logrado resultados nunca”.

Pese al anuncio de la consejera regional de Hacienda sobre la puesta en marcha de la tasa impositiva a refrescos y bollería, pocos días después el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, reculó y no se mostró tan tajante a la hora de confirmar la medida. Precisamente, por este hecho, los representantes de los distintos sectores dudan sobre la aplicación del citado gravamen. Así, Maceira y Alonso no confían en que finalmente esta iniciativa salga adelante, pero Andrés Calvo manifestó su convencimiento de que será implantada, “si no este año, el próximo”.

A lo largo del debate, los ponentes coincidieron en que el impuesto puede ayudar a mermar el consumo de los productos con elevadas cantidades de azúcar, pero insistieron en que esta no debe ser la única actuación. Más políticas de concienciación, sobre todo en la edad temprana, retirar estos productos de las máquinas expendedoras en los colegios, etiquetar de forma adecuada con una información clara estos elementos, reducir el precio de los alimentos sanos, legislar las cantidades de ciertos productos en cada alimento y llevar a cabo políticas de prevención en salud son algunas de las sugerencias.