La comisión jurídica de la Federación Canaria de Islas (Fecai) entiende que, en principio, los cabildos no tienen obligación de presentar ante el Parlamento una memoria justificativa de la gestión de los fondos recibidos para todas las competencias, sino solo para las transferidas. Esta es la postura que defiende la comisión jurídica en un informe elaborado sobre este asunto y que debatió ayer la asamblea general de la Fecai, que se reunió en Santa Cruz de Tenerife y de la que informó posteriormente su presidente de turno, el titular del Cabildo de Lanzarote.
Pedro San Ginés indicó que en la mayor parte de la reunión se trató sobre el citado informe, que aborda la obligatoriedad de los cabildos de elaborar una memoria para explicar y justificar ante el Parlamento el uso de los fondos con que se han gestionado las competencias, un asunto que regula el artículo 30 de la Ley de Cabildos. La Fecai confía en que se impulse cuanto antes el Consejo de Colaboración Insular, que, de acuerdo con la misma ley, es el órgano en el que se debe regular “de manera clara y concisa” cómo elaborar esa memoria y cómo deben desarrollarse los procesos de atribución de nuevas competencias a los cabildos, si los hubiere.
El presidente de la Fecai precisó, no obstante, que en el informe jurídico se apunta a que los cabildos no tienen obligación más que de justificar ante el Parlamento la gestión en las materias transferidas por la comunidad autónoma y no en las propias, por más que para estas también se transfieran recursos.
San Ginés recordó que las competencias transferidas son las de carreteras, medio ambiente y servicios sociales, e insistió en que todo esto “debe sustanciarse en el Consejo de Colaboración Insular”. En la asamblea general de la Fecai se ha vuelto a poner de manifiesto la insuficiencia financiera con la que los cabildos acometen muchas de esas competencias, aunque “parece”, dijo, que la comunidad autónoma garantiza su financiación si se aprueba el nuevo REF. Preguntado por la cuantía de esta carencia financiera, Pedro San Ginés expuso que cada isla maneja sus datos y en la reunión de ayer no se abordó específicamente esta cuestión, aunque en la convocatoria del orden del día figuraba un punto sobre la evaluación del acuerdo del comité ejecutivo de la Fecam referente a la revisión de los porcentajes de distribución del bloque único del REF tras la supresión de la compensación al Estado por la desaparición del IGTE.
San Ginés añadió que tampoco se habló de la gestión de los recursos del REF ni de si se debe reforzar la Comisión General de Cabildos en el Parlamento de Canarias. Sí trató sobre la necesidad de que dicho organismo asuma actividades de manera conjunta con fondos propios.
Asimismo, se decidió designar a los consejeros de Bienestar Social de Tenerife y de Gran Canaria como los representantes en el plan regional sobre inclusión social y lucha contra la pobreza. Por lo demás, los cabildos acordaron solicitar una reunión monográfica con la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo, para abordar la regulación del alquiler vacacional, un asunto que para la Fecai es preocupante, pero que considera que tiene diferente incidencia en cada isla. Pedro San Ginés recalcó que las corporaciones insulares quieren abordar esta cuestión de manera monográfica con la titular de Turismo, aunque dejó claro que no hay una posición unánime al respecto de la Fecai. Ello se debe, argumentó, a que la afección del alquiler vacacional difiere mucho entre las distintas islas, y Tenerife y Lanzarote son las más afectadas por la situación, según un estudio de la Consejería de Turismo sobre las camas en oferta. Pedro San Ginés puso de relieve que esta fórmula turística “tiene muchas bondades”, pero también, advirtió, “muchos efectos colaterales negativos que todos conocemos” y que, en su opinión, empiezan a ser “extremadamente preocupantes”, como la falta de viviendas en régimen de alquiler.
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