caso las teresitas

Las acusaciones piden prisión y las defensas se quejan de hostigamiento

La Fiscalía y la acción popular solicitan que los condenados cumplan las penas sin esperar a una sentencia firme, por entender que existe un riesgo de fuga, algo que fue descartado de plano por sus abogados
De los seis acusados, acudieron a la vistilla Miguel Zerolo, José Tomás Martín y Víctor Reyes, si bien no había obligación de estar presente en la misma. Andrés Gutiérrez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebró ayer una comparecencia -conocida popularmente como vistilla- para estudiar las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones a raíz de la sentencia dictada a finales del mes pasado por el llamado caso Las Teresitas. En la misma fueron condenados a siete años de prisión el exalcalde capitalino Miguel Zerolo y el exresponsable de Urbanismo Manuel Parejo. También recibieron penas de cárcel los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (cinco años y tres meses para cado uno) y los exfuncionarios Víctor Reyes (cuatro años y tres meses) y José Tomás Martín (cuatro años). En todos los casos sus abogados han anunciado respectivos recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

En la vistilla de ayer, tras una deliberación previa del tribunal sobre la conveniencia de que fuera pública (algo que rechazaban las partes por la inclusión de datos personales de los implicados en sus alegatos), finalmente prensa e interesados asistieron a una comparecencia en la que la Fiscalía sorprendió al recordar de nuevo la investigación policial por cohecho que fuera sobreseída durante la fase de instrucción. Grosso modo, la fiscal María Farnés considera que hay “indicios claros” de que Zerolo cuenta con un patrimonio oculto, por lo que, unido a la propia sentencia condenatoria y la gravedad -tanto de la pena como de los hechos-, entiende acreditado de forma suficiente su petición de prisión provisional sin fianza para el también exsenador. Para refrendar sus palabras, Farnés aludió de nuevo a los dos premios de lotería ganados por Zerolo en aquel entonces (el segundo, un reintegro) y al hecho de que durante muchos meses de los años comprendidos entre 1998 y 2005 no se registraran movimientos en sus cuentas para costear el día a día familiar. Ello terminó provocando la reacción del interesado, que censuró a la fiscal no recordar también su explicación sobre la ausencia de actividad bancaria con los ingresos en metálico de la perfumería de su esposa.

Sobre Parejo también habló la fiscal de un supuesto patrimonio oculto, resaltando lo que denominó “anómala actividad” de una empresa a su nombre, así como transferencias internacionales de ida y vuelta hacia una firma radicada en la República Dominicana. Dijo, en resumen, que de ocho millones de pesetas había crecido hasta cerca de millón y medio de euros.

De los empresarios, aludió a su particular manejo del entramado de sus respectivas empresas y de la supuesta evaporización de cantidades multimillonarias, concretamente de unos 170 millones de euros en el caso de Plasencia y de más de 420 en el de González.

Respecto a la acción popular, se expresó en términos similares a los de la Fiscalía. En ambos casos, no se consideró oportuno esa solicitud de prisión provisional sin fianza para Víctor Reyes y José Tomás. Eso sí, los abogados de la asociación Justicia y Sociedad ofrecieron como alternativa fijar una fianza del 10% de las cantidades con la que los implicados tienen que indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz según la sentencia ya dictada por la Audiencia, lo que supone un montante aproximado de unos seis millones de euros.

En cuanto a las defensas, el abogado de Zerolo, Jorge Muñoz, mostró su absoluto rechazo a lo que considera un hostigamiento por parte de las acusaciones. El letrado rechazó tajantemente la validez de las investigaciones sobre el cohecho, una circunstancia que calificó como guadiana durante la vista, ya que a su juicio la fiscalía lo usa a su conveniencia, obviando que fueron sobreseídas ya en la instrucción. Aun así, Muñoz negó que su cliente tenga un patrimonio oculto, a la par que aportó en la sala un voluminoso dosier sobre la situación financiera de Zerolo, especialmente sobre el valor de un paquete de acciones.
Con el mismo énfasis se empleó el abogado de Parejo, Eduardo García, al que asombró el razonamiento de la Fiscalía según el cual que el exconcejal ya esté en prisión no merma el riesgo de fuga. El letrado lamentó que Farnés aluda a posibles permisos penitenciarios para el antiguo responsable de Urbanismo en el caso del mamotreto, por cuanto se trata de dos procesos diferentes.

En el tercer lugar de las defensas intervino el letrado de Plasencia, quien mostró su indignación porque el Ministerio Público entendiera que la ausencia ayer del empresario suponía otro indicio de ese riesgo de fuga. Explicó el abogado que la tarde anterior consultó al tribunal a este respecto, dado que Plasencia tiene más de 80 años y prefería ahorrarse el mal trago de acudir, para lo cual los magistrados no pusieron impedimento alguno.

En cuanto al abogado de González, reiteró los argumentos de sus compañeros y puso el énfasis en el delicado estado de salud de este conocido empresario tinerfeño, que ya durante el juicio mostró evidentes problemas de movilidad.

Terminado el capítulo sobre las medidas personales, se pasó al de las reales (los bienes). A este respecto, cabe recordar que los ahora condenados en primera instancia ya aseguraron 39 millones de euros, pero el montante total de la indemnización (a la espera del Supremo) es de aproximadamente 101 millones de euros. Para ello, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (la acción popular no participa sobre esta parte del proceso) abogan por un embargo generalizado de bienes al objeto de garantizar el cumplimiento de la sentencia. Ello fue rechazado desde las defensas por distintas causas, entre otras, porque aún -señalaron- faltan bienes por tasar y se considera excesivo el bloqueo de cuentas por el daño irreparable que causaría en caso de no confirmarse las condenas.

Zerolo: “Ni quiero irme a ningún sitio ni tengo dinero para eso”

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo hizo uso de su derecho a intervenir en la vistilla donde se dilucidaba si debe entrar en prisión provisional o no para defender una vez más su inocencia y negar con rotundidad que exista riesgo de fuga. “Ni quiero irme a ningún sitio ni tengo dinero para hacerlo”, exclamó. “Si tengo que subir a la cárcel ingresaré con la cabeza alta y la conciencia tranquila”, dijo Zerolo, que recalcó su arraigo insular al expresar que “me gusta esta tierra y aquí reside mi familia”. Como recoge Efe, el exalcalde retó a la fiscal y a la acusación particular a “que sigan buscando”, porque no tiene dinero, y atribuyó a leyendas urbanas la suposición de que posee patrimonio oculto. La alocución de Zerolo ante el tribunal no estaba prevista, pero el exalcalde pidió la palabra “dolido” porque, para justificar su ingreso provisional en prisión, la Fiscalía y la acusación particular aludieran a que llevaba un elevado nivel de vida y dieran como buenas las investigaciones sobre cohecho en su día sobreseídas. Los coches que compraba “eran coches normales” y los gastos en efectivo procedían de la caja de la perfumería de su mujer, recordó Zerolo. “Todo esto se va diciendo, va generando leyendas urbanas y va calando en toda la población y hay personas de buena fe que se lo creen”. Entre otras cosas, mucha gente se ha creído que le ha tocado la lotería “170 veces”, a la par que lamentó “haber estado callado tanto tiempo”.

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