La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) confirmó ayer la huelga prevista a partir del próximo día 24 en todos los puertos del Estado si el Gobierno mantiene el nuevo real decreto ley de la estiba, aprobado en Consejo de Ministros del pasado viernes. Es más, el coordinador general de la CETM, Antolín Goya, anunció más medidas si finalmente el Ejecutivo convalida dicho decreto en el Congreso de los Diputados. Los paros, como en ocasiones anteriores, serán de ocho jornadas alternas (lunes, miércoles y viernes) en horas impares, y empezarán por el miércoles 24 de mayo.
Goya señaló que se trata de la única alternativa legal que les queda ya que el Gobierno “vuelve a mentir” y “no cumple con la principal demanda de los estibadores que, además, fue prometida por el ministro de Fomento: “garantizar el empleo de los estibadores”. Goya acusó al Gobierno de mentir, “primero porque lleva más de dos meses diciendo que la multa es inminente y aún no ha llegado, y segundo “hay más de una forma jurídica para resolver este asunto”. Por lo tanto, señaló el coordinador, “se demuestra que había tiempo más que suficiente para abordar una negociación real con sindicatos y patronal y buscar una solución para cumplir con Europa sin que esto signifique generar un conflicto en los puertos y destruir empleo”.
Lo único que “pretende” el Gobierno con este nuevo real decreto es “liberalizar el sector y despedir a los estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros en unas condiciones mucho menos atractivas” Además, indica Goya que incluir el acuerdo del mediador en el real decreto ley supone una “clara vulneración de la libertad sindical, puesto que se de una figura que ha sido impuesta por el Gobierno para hacer buena su posición”.
Goya explicó que el documento les fue remitido el viernes por la tarde y que de un primer análisis del mismo queda claro que “el decreto no se basa en la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sino que va mucho más allá de lo que ésta pide” y, además, que la intención del Gobierno “no es negociar porque en estos dos meses”, insistió, “no ha habido ningún tipo de negociación con el sector, pues el Gobierno ha preferido entablar una ronda de contactos con el PDeCAT, la antigua Convergencia, con quien ha negociado los cambios del real decreto ley.
Sin embargo, reconoce que el documento incluye algunos avances positivos, pero que dejan de tener importancia cuando la principal reivindicación de los estibadores: garantizar el empleo para más de 6.000 trabajadores, no se incluye en el real decreto ley. Y citó como logros: la formación, el mantenimiento de los ámbitos y la supresión de la bonificación de los contratos temporales. “Todo esto deja de tener validez desde que no se garantiza el empleo”, insistió. “El Gobierno se equivoca en las formas y el contenido y lo que plantea como garantía para la continuidad del empleo es un conflicto en los puestos. Si eso ocurre, tenemos claro que el único responsable será el Gobierno”, aseguró Goya.
Peticiones
Con todo esto, el coordinador trasladó tres peticiones. Al Gobierno que retire el real decreto y abra un proceso de negociación “en serio” porque hay tiempo y condiciones. A la patronal demandan todas aquellas garantías que el Gobierno no ha sido capaz de poner por ley, “sabiendo que esto generará un conflicto en los puertos”, Y, en tercer lugar, a los los grupos parlamentarios que “hagan un ejercicio de responsabilidad y voten en contra de este decreto que va en contra de los derechos de los trabajadores”.
Si la situación no varía antes del próximo jueves, dos meses después de que el pasado 16 de marzo el primer texto planteado sufriera un histórico rechazo, el el Gobierno convalidará el real decreto ley. Si esto ocurre, la CETM mantendrá el preaviso de huelga previsto para el 24 de mayo, incluso ampliará las medidas de presión, aunque no quiso especificar cuales.
El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, manifestó el pasado viernes tras la aprobación del real decreto “su optimismo” ante la convalidación del nuevo decreto, si bien declinó indicar si cuenta ya con acuerdos cerrados con algún grupo parlamentario.
El ministro basa su confianza en el “permanente y abierto” diálogo que ha mantenido con los grupos políticos y en el hecho de el decreto incluirá los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos sobre los aspectos laborales de la reforma y las ayudas de 120 millones comprometidas por el Gobierno para la reconversión del sector. Además, el nuevo texto cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Europa. Así, en caso de que se convalide, España evitaría la multa de unos 25 millones de euros que acumula.
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