Mociones de censura, juicios políticos e impeachments sobrevuelan una y otra orilla del Atlántico, incluyendo una en estudio contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otra contra el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Sin embargo, para el caso de la región de habla castellana, llama la atención que quienes exigen una moción de censura en España paralelamente, ante hechos consumados y probados de mala administración o corrupción, como los que alejaron del poder a Dilma Rousseff en Brasil y a Fernando Lugo en Paraguay, mas la solicitud de un revocatorio al presidente venezolano Nicolás Maduro, descaradamente los califican de golpes de Estado consumados o en marcha, y les visitan en ‘giras de apoyo‘, como a otros mandatarios que tergiversaron leyes y Constituciones para eternizarse en el poder.
En los casos de Brasil y Paraguay, o en una Venezuela donde Maduro encabeza una Administración insostenible, existen revocatorios, impeachments, o mociones de censura contemplados en sus Constituciones que garantizan derecho de defensa y presunción de inocencia, por lo que ni Lugo ni Rousseff pudieron ni pueden objetar los procesos de sus respectivas destituciones, como no lo estaría Maduro si, de aceptar un referendum revocatorio, termina seguramente desplazado de su cargo, vistos los últimos resultados electorales.
Corrupción, o incapacidad para administrar, deben ser castigados con el apartamiento del responsable principal si sus Constituciones lo permiten. Pero todos, y con el apoyo mayoritario de sus sociedades o sus representantes democráticamente electos. Exigirlo en un lugar -como aquí, aunque sea justificado-, mientras se denuncian golpes de Estado en otros lugares, no es democrático ni imparcial pues, guste o no, se acaba apoyando a probados corruptos o ineptos administradores latinoamericanos “de su palo”, según el lenguaje juvenil, evidenciando miedo a las urnas, o complacencia con quienes, supuestamente claro, les financiaron sus campañas electorales.
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