La nueva Ley canaria de Servicios Sociales ha recibido el visto bueno del Consejo General de Servicios Sociales, lo que permitirá que la norma siga su tramitación. El texto, elevado ayer, ha incorporado algunas de las más de 200 alegaciones presentadas por distintos colectivos, organizaciones profesionales y administraciones públicas. Así, entre sus principales cambios, incluidos por el nuevo equipo del área regional de Políticas Sociales, se encuentra la supresión de la tarjeta social, propuesta por la Consejería cuando estuvo liderada por la socialista Patricia Hernández. Al respecto, Valido explicó que la modificación, surgida a petición del nuevo equipo de la Consejería -que llegó al cargo a partir de enero tras la ruptura del pacto de gobierno regional-, también fue solicitada en diferentes alegaciones presentadas al documento. La nacionalista aclaró que no considera que una persona con carencias y necesidades sociales tenga por qué tener un carné que acredite esta condición. “Los mecanismos tecnológicos actuales permiten que solo aportando el número de DNI los técnicos puedan consultar el historial de cada uno de los beneficiarios, sin tener que acreditar nada con ningún carné”, afirmó. Del mismo modo, apuntó que otros aspectos, como la puesta en marcha de la historia única, entre los diferentes servicios, se mantiene, ya que se considera necesaria.
La consejera recordó que en estos meses se ha reunido con buena parte de los colectivos que han elevado sugerencias y se han efectuado “modificaciones importantes que han mejorado la ley”. Asimismo, señaló que gran parte de esos cambios tienen que ver con aspectos meramente técnicos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la creación de un espacio para el ámbito sociosanitario.
Aunque la decisión del Consejo General de Servicios Sociales no es vinculante para la aprobación, lo cierto es que este órgano compuesto por todos los agentes integrantes del sector ha dado el visto bueno al documento por unanimidad, salvo tres abstenciones. Estas se corresponden con los colegios profesionales de trabajadores sociales de Tenerife y Las Palmas, que siguen negociando algunas alegaciones, y el sindicato Comisiones Obreras, que está inmerso en un cambio en la dirección.
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