
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, anunciaron ayer la firma de un acuerdo para ayudar a pagar el alquiler a las familias con dificultades económicas de las 119 viviendas de San Matías, cuyo titular es Visocan, que es la única promoción de vivienda pública con un régimen de alquiler privado en las Islas.
Así, el Ayuntamiento ha habilitado una partida aproximada de unos 322.000 euros entre este año y 2020 para este objetivo, que podrá variar en función de las necesidades de las familias. Para este ejercicio en concreto, la cuantía estimada está en torno a los 55.000 euros. Gracias a esta ayuda, las familias con dificultades económicas probadas, en torno al 60% de las 119 de la urbanización, pagarán una renta mínima, que estará en torno a los 50 euros mensuales, y con la ayuda pública se completará la cuantía restante hasta cubrir la totalidad del importe del alquiler.
“Este convenio es la constatación del trabajo que hemos venido realizando en los últimos años. Y no son palabras, es un hecho constatado”, destacó el alcalde en rueda de prensa, en la que también estaban la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y la concejal lagunera de Vivienda, Flora Marrero.
Por su parte, Cristina Valido destacó el “esfuerzo económico” del Ayuntamiento para “aliviar una carga para familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no tienen capacidad para hacer frente al pago de los alquileres de sus viviendas.” La consejera anunció, además, que hay un acuerdo entre ambas administraciones para revisar las condiciones de los contratos de estos inquilinos de viviendas.
Asimismo, ambos dirigentes enfatizaron que los contratos de alquiler se están renovando, aunque los inquilinos tengan deudas, así como que no se ha producido ningún desahucio en viviendas públicas por motivos económicos.
convertirse en propietarios
Por otro lado, el acuerdo recoge que a través del departamento regional de Vivienda se estudiará la posibilidad de cambiar el régimen de titularidad de las viviendas, del alquiler actual a la propiedad, para aquellas familias que abonan sus rentas de alquiler con normalidad, sin acceder a ayudas. “Hay que valorarlo jurídicamente, necesitan de los avales que lo garanticen”, apuntó la consejera de Vivienda del Ejecutivo regional.




