Gobiernos descontrolados en Latinoamérica

Cualquiera que haya vivido en algún país sudamericano sabe que es inconcebible, por esas costas, que un presidente de Gobierno pase por tribunales, en cualquier condición, como esta por ocurrirle al titular del Gobierno español Mariano Rajoy, excepto que previamente halla abandonado el cargo por derrota electoral (Cristina Kirchner), ‘impeachment’ (Dilma Rousseff), golpe de Estado o invasión extranjera, como fue el caso del dictador panameño recientemente fallecido (Manuel Noriega).

Menos aún que, tal comparecencia, se concrete sin acusaciones de su partido político, y de quienes integran su Administración, contra los medios de comunicación, la oposición, el Poder Judicial, sectores “cívico-empresariales golpistas”, u “oligarquías vendepatria”, como denuncian el kirchnerismo en Argentina y el Partido de los Trabajadores en Brasil mientras movilizan, hacia las puertas de los juzgados, a turbas de adeptos a fuerza de viajes, comida y bebida gratis intentando intimidar, de este modo, a jueces y fiscales intervinientes.

Resulta, por tanto, impensable que con tales condiciones extra judiciales, el presidente venezolano Nicolás Maduro, el saliente ecuatoriano Rafael Correa, el nicaragüense Daniel Ortega y el cuestionado presidente de Brasil, Michel Temer, se vean obligados a afrontar idéntica situación a la de Rajoy mientras ocupen el poder. Ni como investigados, imputados, o simples testigos de la corrupción presunta o probada, propia o ajena.

La diferencia se llama falta de respeto por la separación de poderes, especialmente el Judicial -pese a algunas excepciones vistas en nuestras costas- e inmadurez de buena parte de sus sociedades latinoamericanas, que aún aceptan ser arrastradas como borregos a defender presuntos o probados corruptos, cuando no genocidas que, abusando del típico presidencialismo imperante en la región, se autoproclaman “mesias“ perseguidos por intentar salvar a sus pueblos de saqueadores externos e internos justificando así el bloqueo de todo control parlamentario o judicial. Y así, no hay país fiable.