Se reactiva el caso Grúas: la jueza pide pruebas y amplia la investigación

Tras ordenar la tasación global de los daños originados por el presunto saqueo en vehículos retirados de la vía pública por el servicio municipal lagunero, el juzgado acepta a Unidos Podemos como acusador
Los lectores de DIARIO DE AVISOS han sido puntualmente informados sobre este caso. DA
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El caso Grúas, llamado así a cuenta de las presuntas irregularidades acaecidas en este servicio del Ayuntamiento de La Laguna durante la etapa como alcalde de Fernando Clavijo y el inicio del mandato de José Alberto Díaz, dista mucho de ser un mero exceso opositor por parte de las formaciones políticas adversarias a Coalición Canaria, como desde este partido se argumentó en su día.

Al menos no lo entiende así el juzgado de la Ciudad de Los Adelantados que instruye desde hace años una causa sobre este asunto y que decidido agotar el plazo máximo que la ley otorga, como se fijó en una reciente reforma, como límite a la duración de la fase de instrucción.

Si ya hace un año se prorrogó el plazo habitual en otros doce meses, ahora se extiende la investigación seis meses más, tras lo cual inexorablemente se procederá (salvo sorpresa) a declarar la apertura de juicio oral tras consumir esos 18 meses extraordinarios que fija ahora nuestro ordenamiento jurídico.

Este nuevo plazo de medio año, unido al hecho de que la jueza ordene mediante un auto que se practique la pericial correspondiente para averiguar el montante global de los daños que pudieron originarse en los vehículos custodiados en un depósito municipal tras ser retirados de las calles por las grúas municipales, muestran con claridad que, definitivamente, la instrucción se reactiva para profundizar en una investigación que permita esclarecer finalmente lo acaecido.

Otra novedad respecto a este proceso es la definitiva aceptación como parte en la causa del grupo municipal lagunero de Unid@s Se Puede, que si bien sabía que sería aceptado desde hace meses, ahora ya tiene la certeza de que la misma está en trámites para ser aprobada.

Uno de los obstáculos para que se formalice esa personación radica en dilucidar si finalmente tiene que depositar o no una fianza de 6.000 euros como en su día marcó la jueza que instruye el caso. Esta decisión fue recurrida por Unid@s se puede, y la Fiscalía se ha puesto de su parte al entender que su intervención como acción popular se justifica por tener interés específico en este asunto. El dato no es baladí, por cuanto fuentes de dicho grupo municipal han confirmado a este periódico su interés por solicitar la práctica de nuevas pruebas desde que estén habilitados para ello.

Resta añadir que, por ahora, los investigados por esta causa son una decena de personas, aunque no se descarta que dicha cifra varíe en lo que resta de instrucción.

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