LA PALMA

“La población de La Palma es de unos 55.000 habitantes, en un escenario optimista”

Joaquín Mañoso, arquitecto y urbanista, muy vinculado a La Palma, trabaja en su candidatura a la Presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. El experto opina que más allá de los documentos, el desarrollo económico de la Isla depende de que los políticos tengan "objetivos claros y precisos, voluntad política y liderazgo"

JOAQUÍN MAÑOSO VALDERRAMA ARQUITECTO
Joaquín Mañoso Valderrama en su charla con DIARIO DE AVISOS. | DA

A punto de finalizar su mandato como Decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, y constituida la nueva estructura de esta corporación de derecho público profesional como Consejo Canario de Colegios de Arquitectos, Joaquín Mañoso Valderrama trabaja en su candidatura a la Presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, alentado por el apoyo de un importante número de consejeros de ámbito nacional, con una visión estratégica en la que destaca la defensa de los valores de interés público de la arquitectura y el urbanismo, y la recuperación de la dignidad y autoestima profesional de los arquitectos, uno de los colectivos profesionales más castigados por la crisis.

Con una estrecha vinculación personal y profesional con La Palma desde hace más de tres décadas, este prestigioso arquitecto y urbanista reflexiona sobre el presente y el futuro de la economía de la Isla Bonita, todo ello ligado a su desarrollo y a la creación de riqueza a través de la generación de empleo como motor de la cohesión social.

Indica que “uno de los problemas fundamentales de la isla es que, a pesar de contar con importantes recursos no se consigue acertar con el modelo de planificación y la creación de herramientas adecuadas de gestión que logren su transformación en productos generadores de economía”.

Para el arquitecto, que trabaja también en el ámbito nacional y europeo, el principal problema de La Palma actual es sin duda la pérdida de población. En esa línea asegura con rotundidad que “la cifra oficial del censo nos indica que en 2016 La Palma contaba con 81.500 habitantes, con previsión de nuevo descenso en 2017; sin embargo, lo importante a tener en cuenta es la población real, que difícilmente supera los 55.000 habitantes, incluyendo las proyecciones correspondientes del turismo”.“La Isla -agrega- cuenta con importantes infraestructuras, resultado de las notables inversiones realizadas durante los últimos lustros, notoriamente infrautilizadas en relación con su capacidad real de carga. No hay una correspondencia que justifique este gran desarrollo y la población real que las utiliza, lo que se traduce en un importante grado de ineficiencia y costes de mantenimiento de difícil equilibrio con recursos propios. No solo es que tengamos escasa población en La Palma, sino que además está envejecida”.

Para realizar estas afirmaciones Mañoso señala los indicadores a partir de los quese deduce la población real de la Isla, fundamentalmente de consumo domiciliario de agua, aunque en una red con grandes pérdidas por lo que no resulta fiable, o el consumo eléctrico. Para este experto “el indicador más fiable es la generación de residuos por persona y día, y teniendo en cuenta además a los turistas. Gracias a la excelente calidad de los datos con los que cuenta el Cabildo Insular de La Palma, y su adecuado análisis, es por lo nos afirmamos sobre la estimación poblacional real de La Palma no es de más de 55.000 habitantes, y eso en un escenario bastante optimista.”

Añade que “además del poblacional, otro problema de La Palma, muy serio, gravísimo, del que lleva hablando desde hace años, es que sigue siendo una sociedad subvencionada en exceso, acentuado por los fuertes desequilibrios sociales existentes de muy difícil corrección en las actuales condiciones. En este sentido es importante entender que el trabajo no atiende solo a una necesidad económica de supervivencia y desarrollo material del individuo, sino de manera esencial a mejorar las condiciones de cohesión social. Y esto no se produce con un el modelo de sociedad dependiente como el existente en la isla. Es más, de no corregirse a tiempo puede desembocar en una sociedad sencillamente inviable, incapaz siquiera de mantener lo conseguido.”

Sobre la modificación de la Ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, La Ley para las Islas Verdes, y la Ley Canaria del Suelo, en cuyo seno deposita la clase política insular todas las esperanzas de desarrollo económico, Joaquín Mañoso pide serenidad y un sano ejercicio de realismo indicando que “es importante tener leyes –mejor si son buenas técnicamente-, pero lo más importante es tener objetivos claros y precisos, voluntad política y liderazgo, y esto no se improvisa ni se produce con la mera entrada en vigor de una Ley”.

Para Mañoso, “la clase política palmera debería haber mostrado mayor decisión y valentía en muchos de los asuntos tratados desde hace años. La Palma lleva demasiados años perdidos, y no por la falta de redacción de planes –independiente de su mayor o menor calidad-, sino porque hay que tener decisión y capacidad de ejecutar. Un plan que está redactándose años no es un buen plan porque en la mayor parte de los casos nacerá muerto. Y suele depender fundamentalmente de la voluntad política en cada momento y de su voluntad real de ejecución”.

En este sentido, el arquitecto y urbanista que actualmente sigue trabajando en algunos proyectos para la Isla, explica que “la adaptación del Plan Insular de Ordenación a la Ley 2/2016 en materia de turismo, para tratar de implementar el fracasado Plan Territorial Turístico llega tarde”. Y es que justo cuando se ha apostado por este camino y en paralelo, ya están sobre la mesa la Ley de las Islas Verdes y la Ley del Suelo, de las que Mañoso asegura “son herramientas muy potentes que restringen determinados excesos de la actual regulación, de los que sin duda el Plan Insular es el mejor ejemplo”.

Reflexiona sobre la posibilidad de éxito de los proyectos actuales y un mejor futuro socioeconómico para la Isla asegurando que “la palabra mágica en la política y en la administración para que los proyectos salgan adelante es “coordinación”. Profundiza en este aspecto aseguran que “el problema es que estos marcos legales que ahora tenemos, para que sean realmente eficaces, necesitan una obligada coordinación que no existe. Esto se traduce en un escenario de plazos incontrolables e impredecibles, y costes en recursos humanos y económicos sencillamente insostenibles, tanto para la propia administración como para los inversores o los ciudadanos en general. En estos casos suele suceder que la inversión privada se encuentra con un embudo de condiciones insuperables que obliga a abandonar la idea de invertir.”

En esa línea recuerda que hace casi un año que entró en vigor la Ley de las Islas Verdes, y a estas alturas aún no se ha activado ni un solo proyecto de los contemplados como fundamentales en la Estrategia Motriz Turística insular, siendo muchos de ellos de iniciativa privada. Mañoso nos indica que posiblemente esta situación de deba por un lado a la persistencia de un alto grado de desconfianza existente entre los posibles inversores; y por otra, la falta de percepción de un claro apoyo y compromiso activo por parte de los responsables públicos.

El desarrollo de proyectos se ha estancado, no por falta de documentos, sino por una falta de voluntad política que debe estar presente en este nuevo escenario. | DA

Para Mañoso, la fórmula para que el nuevo marco legislativo ligado a la modificación que acomete el Cabildo del Plan Insular de Ordenación de La Palma, pasa por “tratar de trasmitir un mayor grado de confianza a la inversión privada, con mayor agilidad en la inversión pública, y eso se hace con acciones que no pueden terminar solo con la expresión de buenas intenciones”.

Mañoso añade que “desde hace años parece que los únicos que tienen derecho y razones para opinar públicamente son los políticos, y la política no es más que un aspecto de la sociedad, una más. No se escucha lo que se debiera a la sociedad civil a través de sus organizaciones, como es el caso de los colegios profesionales, a los que se suele acudir tan solo para legitimar situaciones, pero no para buscar consejo y soluciones”.