El Pleno aprueba volver a sacar a exposición pública el Plan especial de El Toscal

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, con el apoyo del equipo de gobierno (CC y PP) y del PSOE y la abstención de los demás grupos, retrotraer el procedimiento del Plan Especial del Conjunto Histórico de El Toscal. En concreto, esto quiere decir que el documento vuelve a su inicio administrativo, tendrá que salir otra vez a exposición pública, con las consiguientes alegaciones y sus respuestas, así como todos los trámites precisos para proceder a su aprobación definitiva.

Aunque la concejal de Urbanismo, Zaida González, no pudo concretar aún la fecha exacta en la que el plan especial volverá a salir a exposición pública, sí que afirmó que espera que sea “lo más pronto posible”, antes de que acabe este año seguro, y que el objetivo del Ayuntamiento es que el documento se pueda aprobar de manera definitiva en Pleno durante 2018. Este regreso en el trámite administrativo responde al consejo de un informe de la secretaria general del Pleno para garantizar “una mayor seguridad jurídica”, una vez detectada “la posible existencia de vicios determinantes de anulabilidad”, en base a un informe jurídico de la propia Gerencia de Urbanismo.

Durante el debate plenario, Zaida González explicó que las alternativas eran o continuar con el plan en el punto que estaba, lo que haría que fuera nulo de pleno derecho, “o se vuelve a hacer desde cero o se continúa con el plan con las modificaciones y se vuelve a sacar a exposición pública”. En este sentido, la edil defendió que ésta última (que finalmente prosperó) es la vía que “aporta mayor seguridad jurídica y las más rápida” para que el barrio pueda contar con este plan de acción.

Desde la oposición, el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, abogó por un informe de los servicios jurídicos que determine cuáles son esos indicios de anulidad y si hay una vía más rápida y segura que volver a sacar el documento a exposición pública. En esta línea, desde Ciudadanos el concejal Antonio Blanco pidió también un informe de una tercera instancia, como el Consejo Consultivo de Canarias, para reforzar las garantías legales del documento. En este sentido, Ciudadanos presentó durante el Pleno una moción, que no se aprobó, para que el Ayuntamiento solicitara dicho dictamen al consejo, a lo que el alcalde, José Manuel Bermúdez, respondió que “no podemos acudir al Consultivo cada vez que este Ayuntamiento tenga una duda”.

Externalizar el PGO

Pero el Plan Especial de El Toscal no fue el único planeamiento objeto de debate en el Pleno de ayer. El Plan General de Ordenación (PGO) volvió a la sesión plenaria con una moción de Sí se puede en la que solicitaban que se encomendara la elaboración del nuevo PGO, tras la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a Viviendas Municipales, en vez de externalizar su redacción, como se ha anunciado desde Urbanismo que se quiere hacer.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, primero, matizaron que “no vamos a hacer un PGO nuevo” sino cambiar algunos aspectos y, segundo, defendieron esta externalización para “no cometer los mismos errores del pasado”, argumentó Zaida González. “Lo que le pasó al PSOE (cuando estaba al frente de Urbanismo) es que la atención de Urbanismo al ciudadano, en las cuestiones del día a día, se bloqueó por la redacción del PGO”, apuntó, a lo que añadió que Viviendas Municipales tampoco dispone de personal para hacer frente a esta redacción.

Asimismo, la concejal y el alcalde destacaron que la dirección y tutela del procedimiento estará a cargo de la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo. “Externalizar es la mejor opción para tener en dos años el PGO”, enfatizó González.

Valle de Las Huertas

Por otra parte, también se debatió el planeamiento en el Valle de Las Huertas, que, según denunció el portavoz de Sí se puede, Pedro Arcila, daña el interés público municipal al promover el cambio de uso público a residencial, contar con una previsión urbanística que supone un déficit de dotaciones públicas, por la fuerte presión demográfica y, en consecuencia, la contaminación ambiental. Una consideraciones que, según Arcila, ya se recogen en la sentencia de Las Teresitas. Sin embargo, Zaida González respondió que una vez finalizado el proceso judicial, y no ahora, “los técnicos y juristas de Urbanismo valorarán” la situación “para no incurrir en compensaciones que serían muy costosas”.