Rajoy: “Esta consulta atropellada, chapucera e ilegal no se va a celebrar”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves que ha dado orden de impugnar ante el Tribunal Constitucional las normas aprobadas por el Parlament y la Generalitat para convocar un referéndum secesionista del 1 de octubre.

Además, ha precisado que pedirá al alto tribunal que notifique a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta y a los 947 alcaldes de Cataluña que tienen “el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum”.

Rajoy ha comparecido tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, después de haber recibido los dictámenes del Consejo de Estado, favorables a la impugnación, y haber “escuchado a los miembros del gabinete”.

Según ha explicado, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que, por un lado, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum aprobada el miércoles por el Parlament y, por otro, impugne los decretos firmados después por el Gobierno de la Generalitat: el de convocatoria del referéndum y el que recoge las normas complementarias para su realización.

Adicionalmente, el Gobierno también va a impugnar la resolución 807/11 del Parlament, en la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

En los textos que presente ante el TC, el Gobierno va a pedir “la nulidad de todos estos actos” y también va a solicitar que decrete la suspensión de todos ellos a la espera de la sentencia.

Además, pide que se notifique personalmente esta suspensión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros de su Gobierno, a los “principales altos cargos de la Generalitat que de una forma o de otra estén relacionados con la organización del referéndum” y también a los 947 alcaldes de la comunidad autónoma.

Rajoy ha puntualizado que el Gobierno también solicita al TC que, en esas “notificaciones personalizadas”, se “advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum”.