Los maquinistas de los dos trenes que inevitablemente chocaran en Cataluña el 1 de octubre, lejos de usar la palanca roja del freno de emergencia, alimentan con más carbón una caldera que ya rebosa. En toda guerra la primera víctima siempre es la verdad por eso la batalla de Cataluña resulta tan cruenta. El llamado proces se construye mentira sobre mentira. Jordi Guixart, presidente de la asociación independentista Omnium, exige amablemente leyes justas para que puedan ser cumplidas. Claro, siempre que ellos decidan hasta donde alcanza lo que es justo. Hablan por el conjunto de los catalanes. ¿De todos los catalanes?
La ley del Referéndum de Autodeterminación es un despropósito legal que pretende sustentar su argumentación en los principios de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional. Se trata, este último, de un derecho de coordinación entre estados yuxtapuestos del que quedan excluidas las relaciones internas entre las partes. En el caso español entre el Gobierno central y las regiones. Esto es así porque las relaciones políticas en el marco de un estado autonómico no son paritarias. Predomina el Derecho estatal sobre el particular de las autonomías. Tampoco prevalece el Derecho Internacional. Y esto es básico.
El Derecho de Autodeterminación es uno de los resortes de que dispone el Derecho Internacional, pero no en cualquier situación. La autodeterminación es un derecho que solo puede ser aplicado en territorios que se encuentran bajo dominación colonial. ¿Es esa la situación de Cataluña? Naturalmente que no. Por más que lo repita el vicepresidente Oriol Junqueras la secesión no es un derecho, es una pretensión que, aun siendo legítima, no puede justificar la desobediencia de las normas legales. Lo saben, y por eso dejaron de usar durante un tiempo el concepto de autodeterminación, por el más etéreo, equivoco, edulcorado y tramposo derecho a decidir. Es lo mismo, pero más aseado.
Lo que pase en las próximas semanas tendrá consecuencias en toda España y, por supuesto, en Canarias. Una de sus derivaciones más sensibles será la financiación autonómica. Un grupo de especialistas de Fedea, Federación de Estudios de Economía Aplicada, ha estado trabajando en varios modelos. Por ahora, lo que ha trascendido, es que Madrid y Cataluña serán las más beneficiadas. Pero no contempla la grave crisis institucional por la que pasa España en este momento. Una situación que deberá alterar sus conclusiones. Parece que el documento que manejan los sabios no aportará sorpresas, sino enfados monumentales. Algunas comunidades autónomas deberán alegrarse si mantienen el mismo nivel de ingresos. No es el momento de llorar y protestar, sino de crear complicidades. De hacer política.
Un destacado miembro de la ejecutiva Federal de PSOE, en conversación privada, se alegraba del acuerdo alcanzado entre el presidente Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez para ir juntos contra el secesionismo catalán. Y felicita a ambos, al que propuso y al que aceptó, aunque con esta apreciación. “No quiero imaginarme si esto de ahora estuviera pasando con Zapatero de presidente. Habría manifestaciones del PP todos los días con pancartas acusándonos de romper España”. Algo parecido habría pasado si los socialistas hubieran tenido que negociar el nuevo cupo vasco con el PNV como hizo el ministro Montoro, para salvar sus presupuestos. Fue más perjudicial para la igualdad de los españoles el acuerdo del cupo que la declaración de plurinacionalidad de Pedro Sánchez.
Es tiempo de alianzas inequívocas y el PSOE de Pedro Sánchez, ante este gran desafío, se ha situado al lado del Gobierno de Rajoy. Pero no escarmienta. Sánchez pidió al presidente Rajoy que no excluyera a Podemos del bloque contra el separatismo. Poco después, Pablo Iglesias censuraba a Sánchez por su apoyo al Gobierno. Luego vinieron las palabras del líder de Podemos en la Diada. Ni Domenech ni Colau llegaron a tanto.
El Gobierno de España ganará la batalla jurídica, pero perderá la política. Las cosas han cambiado mucho desde aquel tripartito maldito. Y no se supieron gestionar con inteligencia. Se hizo descarrilar el nuevo Estatut recortado por el Constitucional tras los recursos del PP. Nunca debió dejarse que la situación se pudriera tanto. Es la hora de hacer política. Y con otros interlocutores. El inmovilismo creativo de Rajoy no ha funcionado esta vez.
En septiembre de 2015 hubo vuelco electoral y las iniciativas de desconexión unilateral y desobediencia civil comenzaron a menudear en el Parlament. El independentismo no dispone de recorrido jurídico pero corre el peligro de desbordarse. Que terrible error de cálculo. Jamás pensaron en Moncloa que todo esto fuera a llegar tan lejos. Carecen de memoria histórica. Siempre que en Cataluña se produce un cambio institucional sucede otro de gran calibre en Madrid. Destrozado el consenso de 1978 esta crisis será mayúscula. El presidente Mariano Rajoy y el Partido Popular, con todos sus graves pecados, no pagarán por la corrupción, pero sí por su inacción. Cataluña será su tumba política.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas