Por Tinerfe Fumero / Yazmina Rozas
Suficiente para seguir investigando. Así lo entiende la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ayer ordenó al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna continuar investigando determinadas decisiones que en su día adoptó el Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados en relación con el servicio municipal de grúas. Tal y como relató con detalle DIARIO DE AVISOS durante sucesivas ediciones del pasado mes de enero, las sospechas se dirigen, por ejemplo, al hecho de que se prestara 120.000 euros a los concesionarios del mismo cuando incumplían requisitos elementales del contrato, como carecer de la preceptiva tarjeta de transporte para las grúas. Esta decisión de la Audiencia Provincial implica que el llamado caso Grúas vuelve a contar con dos frentes judiciales.
Por un lado, se investiga el presunto saqueo de piezas en los vehículos depositados en un depósito municipal tras ser retirados de la vía pública por las grúas. Por otro, el supuesto trato de favor del Ayuntamiento a los concesionarios, tanto en la etapa como alcalde del hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como de su sucesor, José Alberto Díaz. Además de ostentar el bastón de mando, ambos fueron concejales del área responsable de este servicio de grúas.
El auto de la Audiencia Provincial hecho público ayer argumenta su decisión con varias alusiones a los hechos que, a juicio de los magistrados de la Sección Segunda, merecen ser analizados con mayor profundidad en sede judicial. Entre ellos destaca un préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento en junio de 2014, cuando la empresa concesionaria atravesaba por una situación de quebranto económico tal que había requerido la intervención del servicio desde el Consistorio en enero de ese mismo año. Los incumplimientos de la empresa eran suficientes para cancelar el contrato, por cuanto no faltaban las deudas a distintas administraciones, la ya referida ausencia de las tarjetas de transporte o el hecho de que los trabajadores no percibieran sus salarios debidamente. Sin embargo, el Consistorio prestó esos 120.000 euros pese a los reparos expuestos por los técnicos municipales. Los mismos fueron levantados por un decreto del entonces alcalde Fernando Clavijo. Es más, incluso se les prorrogó el contrato.
Como no podía ser de otra manera, el auto de la Audiencia Provincial hecho público ayer se limita a señalar que los indicios son suficientes para que sean investigados mediante las prácticas probatorias que sean necesarias, si bien lo hace con especial claridad. Un ejemplo de ello es cuando apunta que “no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal”.
La Audiencia reabre el caso Grúas y señala a Clavijo
“Hoy podemos decir con claridad que el caso Grúas será investigado”, anunció ayer el portavoz del Grupo Municipal Unid@s se puede, Rubens Ascanio, en una rueda de prensa junto a XTF-NC, tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial que ha estimado los recursos de apelación interpuestos por ambos partidos contra el auto de junio de 2017 dictado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, por el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la actuaciones sobre este caso. “El cual revocamos, debiendo el órgano instructor continuar la instrucción de la causa, practicando las diligencias de investigación que estimara necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y las personas responsables”, según recoge el auto.
“Es más evidente que nunca que hay caso Grúas y que va a ser investigado y que, además, Fernando Clavijo (presidente del Gobierno y exalcalde de La Laguna) es señalado en el escrito de la Audiencia Provincial como el principal responsable de las irregularidades en el servicio municipal de grúas”, enfatizó Ascanio. Así, a su juicio, el escrito “deja en evidencia los vínculos personales existentes entre Clavijo y un sector de los trabajadores de Autogrúas Poli, que en 2011 habían comprado dicha empresa”. “También se señala con claridad -añadió- la irregularidad de la entrega de 120.000 euros del presupuesto municipal a Autogrúas Poli para hacer posible la prórroga del servicio a una empresa que, evidentemente, no reunía las condiciones”.
En este sentido, Ascanio consideró que el texto de la Audiencia Provincial es “muy contundente” y que apunta a unos posibles delitos “que incluso conllevan penas de cárcel”.
En esta línea, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, afirmó que el auto supone “un varapalo jurídico y una desautorización en toda regla” a lo dictado por la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que, en su opinión, “no investigó y se permitió realizar valoraciones que no le corresponden a ella, sino al tribunal que sentencie en su día, que no será ese”. “En estas circunstancias -añadió Pérez-, solo podemos personarnos en la causa para continuar velando por el respeto a la legalidad y la buena administración del dinero público. Le pediré al Colegio de Abogados que me habilite para intervenir como abogado en este caso, porque no estoy en ejercicio”. Además, “estudiaremos también, con mucho detenimiento, la posibilidad de recusar a la jueza, porque parece evidente que ha hecho un juicio previo y en esas condiciones no hay garantías de que la legalidad y los intereses públicos estén debidamente tutelados. De forma que la denuncia la convertiremos en querella, que es la iniciativa que nos permite desempeñar la acusación particular y ser parte en el proceso”, explicó Santiago Pérez.
Asimismo, el portavoz de XTF-NC afirmó que está “completamente desconcertado con la actitud del ministerio fiscal, que le ha pedido a la Audiencia Provincial que reafirme el archivo de la denuncia y, por tanto, la Audiencia Provincial no solo le ha dado un varapalo jurídico a la jueza, sino también a la Fiscalía”. “Estoy verdaderamente consternado con la actitud de la jueza y de la Fiscalía. Aquí está pasando algo”, enfatizó.
Por otra parte, Santiago Pérez sostuvo que “si este proceso se dirige, como parece más que previsible, contra Fernando Clavijo como principal investigado, del cual hay más que sobrados indicios de haber cometido delitos, el juzgado tendrá que inhibirse y poner esto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. A este respecto, destacó que “las pruebas están sobre la mesa y obtenidas legalmente, y ya no le va a valer la maniobra jurídica del caso Corredor, y en la que estaba en derecho”.
Por su parte, el portavoz adjunto de XTF-NC, Juan Luis Herrera, pidió a los miembros del Gobierno y al alcalde, en particular, que “dejen trabajar a la justicia y no se precipiten exigiendo que haya perdón público”.
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