Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Así lo proclama el primer apartado del artículo 9 de la Carta Magna española de 1978, y se trata de la piedra angular desde la cual se motiva la judicialización que varios tribunales han emprendido a raíz de determinados hechos relacionados con el reto secesionista catalán, no solo en las últimas semanas sino desde hace años. Solo desde ese mandato tajante de sometimiento a la legalidad, incluida esa especial referencia a los poderes públicos, puede comprenderse la lógica jurídica de las diligencias practicadas contra los principales líderes a favor de la independencia catalana. Veamos las causas abiertas de mayor relevancia.
La Audiencia Nacional es un tribunal especial creado para luchar contra los delitos de mayor gravedad. Ahora investiga a los dos máximos responsables de los Mossos d’Esquadra, el mayor Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana, y a los presidentes de las asociaciones Omnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, por un presunto delito de sedición, sin duda la acusación más grave de las que se han realizado hasta ahora. No en balde, Cuixart y Sánchez se encuentran en prisión provisional sin fianza, mientras que Laplana logró eludirla depositando 42.000 euros. Estas diligencias, que instruye la magistrada Carmen Lamela, investigan el acoso sufrido por la delegación judicial que practicó un registro en la Consejería de Economía del Govern a finales del mes pasado, y que había ordenado el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona. En tonces se arrestó a 14 personas, casi todos cargos del Govern, sospechosos de estar preparando el referéndum ilegal del 1-O. Todo apunta a que estas diligencias de la Audiencia Nacional se ampliarán a lo sucedido ese primer día del mes, siempre en lo que pueda relacionarse con la presunta sedición, pero el caso sigue abierto en el citado juzgado barcelonés en relación con otras figuras delictivas que abarcan un desde la posible malversación de fondos a la prevaricación pasando por la desobediencia, entre otros.
El otro frente jurídico se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se han agrupado hasta tres causas distintas ante la coincidencia de los hechos, lo que ha permitido al magistrado instructor, José Francisco Valls Gombau, no especificar por ahora los delitos a investigar. En todo caso, esos hechos conexos a los que se refiere el auto dictado hace unos días son las partidas presupuestarias destinadas al 1-O, la convocatoria de dicha consulta o la aprobación de leyes luego suspendidas por el Tribunal Constitucional. En cuanto a los investigados, están todos los miembros del Govern, la presidenta del Parlament -Carmen Forcadell- y los miembros independentistas de la Mesa de dicho órgano legislativo autonómico.
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