Un día después de conocerse el auto judicial en el que se investiga al Cabildo de Tenerife como persona jurídica y a tres funcionarios por un supuesto delito contra la salud pública en la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, aseguró que no se plantea dimitir de su cargo. También dijo que si estuviera en la oposición no pediría su cese sino “más información” y las responsabilidades políticas pertinentes, y acusó al PP de “montarse una película” con este caso.
Valbuena (PSOE) compareció ayer ante los medios de comunicación para confirmar que el Cabildo había gestionado la instalación conforme a lo que se le exigía. Sin embargo, reconoció que existe “una deficiencia documental” en lo que respecta a la gestión y a las actividades que allí se realizaban porque hay un acta del área de Salud Pública que ordenó el cierre del recinto el 22 de septiembre “y eso no se puede negar”.
El consejero explicó que la piscifactoría se daba de alta cada año en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo entendía que se cumplía con todos los requisitos. Por lo tanto, añadió, “hay preguntas que no entran en el ámbito competencial de la Corporación insular” y que sí deben contestar otras administraciones, subrayó.
También debe ser el departamento regional el que debe responder, a su juicio, sobre la comercialización y venta de truchas. Según recoge el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ésta se realizaba “sin ningún tipo de control sanitario veterinario, careciendo de libro de explotación aprobado por autoridad competente y sin poder determinarse si se cumplen los requisitos para la puesta en el mercado de animales de acuicultura”.
Valbuena sostuvo que el recinto funciona hace 43 años en las mismas condiciones, sin entrar a valorar si eran o no óptimas, tiempo en el que pasaron “políticos de todas las formaciones”, desde Isidoro Sánchez (CC), que fue responsable del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) cuando se creó la infraestructura, hasta Manuel Torres (PP), exviceconsejero regional de Medio Ambiente.
El dirigente socialista volvió a garantizar la salud de los ciudadanos en el área metropolitana y en toda la vertiente que se pudiera estimar que ha estado afectada por la contaminación de agua del Canal del Norte.
En este sentido, aclaró que la piscifactoría no compraba el agua sino que ésta era cedida por la comunidad de propietarios del citado canal con la única condición de que se devolviese la misma cantidad. “La comunidad comercializaba el agua pero nos trasladó que era para consumo humano y por lo tanto, también deben ser sus responsables quienes digan en calidad de qué lo hacían”, sentenció.
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