Frente al mes y medio que asegura el concejal de Asuntos Sociales de Santa Cruz, Óscar García (PP), que tiene que esperar un vecino para ser atendido por una Unidad de Trabajo Social (UTS), los usuarios aseguran que esa espera se multiplica por tres e, incluso, por seis. Denuncian que las agendas se cierran cuando se superan los tres meses de espera o que muchos de ellos, ante la tardanza en la gestión de sus ayudas, se ven abocados a desahucios por no pagar el alquiler o a cortes de luz y/o de agua porque el dinero no llega a tiempo.
Ante las críticas, el concejal de Asuntos Sociales, anunció que ya se trabaja para paliar parte de estos problemas, al menos en lo que a los cortes de agua se refiere. “A partir del próximo año queremos concentrar las ayudas de agua a las que tenga derecho una familia en un solo pago a principios de año, un dinero del que la empresa se irá descontando los recibos mes a mes”. Así, añadió el edil, los usuario no tendrán que acudir al IMAS para gestionar cada recibo. También señaló que se sigue negociando para que se pueda hacer lo mismo con los recibos de luz y evitar que se produzcan cortes mientras se gestiona la ayuda.
Otra de las medidas que se ha implementado, en este caso en lo que a las ayudas de alimentos se refiere, es que los usuarios con más de 60 años o que por circunstancias personales no puedan acudir a las UTS, obtengan una derivación anual para recibir estas ayudas de las entidades encargadas del reparto de alimentos en la ciudad.
García avanzó estas medidas en la Comisión de Control municipal celebrada ayer, en la que compareció a petición de IU, Sí se puede y PSOE, para abordar los retrasos en los pagos del alquiler social, el funcionamiento de las UTS y la puesta en marcha del bono de alimentos. El edil ofreció algunos de los datos de la gestión de ayudas como que por ejemplo que, en lo que va de año, se han invertido más de dos millones de euros en necesidades relacionadas directamente con la vivienda, una cifra a la que se suma un millón más en prestaciones de alimentos. Alquiler, pago de hipotecas, recibos de comunidades de vecinos, agua y luz, suman más de 16.000 ayudas. El edil responsable del IMAS, admitió que no hay capacidad para atender “todos y cada uno de los problemas de las personas”, a la vez que defendió que la gestión que se hace es la mejor posible con el personal disponible.
La comparecencia del edil fue seguida por numerosos vecinos que expresaron, mediante carteles, las consecuencias del retraso en la concesión de ayudas por parte de las UTS. En ellos podía leerse: “Seis meses esperando la ayuda de alquiler”; “4 meses sin cobrar la ayuda de alquiler, me desahucian por segunda vez con dos menores”; “4 meses de espera para las UTS del Suroeste” o “Sin ingresos y sin ayudas, un año esperando una ayuda para la luz, tres semanas sin luz”.
García defendió que el retraso en la concesión de citas y gestión de ayudas se debe a múltiples factores, aunque llamó la atención que señalara como uno de los principales que hubiera trabajadoras sociales de baja o vacaciones, “lo que obliga a cerrar sus agendas” o que si la cita se va a demorar más de tres meses, también se cierra la agenda. “Las urgencias siempre se atienden”, defendió, y explicó que desde principios de año, cada UTS cuenta con una trabajadora social que se queda de retén para atender las urgencias. En el caso de las ayudas de alquiler, aseguró García que los casos urgentes se atienden entre 5 y 15 días mientras que la media de gestión de estas ayudas es de 45”. Una afirmación esta que despertó las protestas del público de la sala, acusando al edil de “mentiroso”. En cuanto al funcionamiento de las UTS, García admitió que en estos momentos la agenda de Barranco Grande está cerrada.
Sí se puede calificó de “inconcebible” y “vergonzoso” que se cierren agendas por que no está la trabajadora social. “Un periódico no deja de salir porque sus periodistas estén enfermos y una administración pública no puede dejar de atender a sus usuarios porque sus trabajadores estén de vacaciones”, criticó Asunción Frías. Crítica que secundó el resto de la oposición como Elena Mateo del PSOE, quien afeó al concejal que cargue con la responsabilidad de todos los retrasos a los técnicos.
García respondió detallando que se ha puesto en marcha un programa piloto en Ofra para que, dos veces por semana, dos trabajadoras se dediquen a responder las consultas de expedientes, “ya que hemos constatado que muchas de las citas solo son para ver cómo va la tramitación de las ayudas. De esta forma lograremos agilizar las agendas”. García finalizó su comparecencia recalcando que “es cierto que no podemos afrontar en tiempo real las necesidades pero es igual de cierto que a fecha de hoy, 17.000 familias de Santa Cruz reciben el apoyo del IMAS”.
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