El prestigioso ingeniero Carlos Soler, castigado con hasta cinco expedientes por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, y suspendido 13 meses de empleo y sueldo por reconocer públicamente que se había negado a firmar un modificado de obra por valor de 600.000 euros en el Túnel de Las Nieves, del que era director de obra, puso ayer fin a cinco años una lucha “necesaria y justa” en los tribunales.
Así lo afirmó el funcionario, responsable del descubrimiento del manantial de la Fuente Santa en La Palma, a la hora de valorar la decisión tomada por el Tribunal Supremo esta misma semana, al dar la razón a su defensa y desestimar el recurso de casación interpuesto por el Gobierno para dejar sin efecto la sentencia que, en marzo de este año, dictó el alto tribunal canario echando por tierra la argumentación acusatoria del Ejecutivo contra Soler.
El ingeniero, tal y como recoge el fallo judicial, “se limitó a explicar a la opinión pública las razones por las que, a su juicio, se ha producido su cese después de unas discrepancias sobre la legalidad de la ejecución del contrato, con un propósito informativo sobre la problemática de los sobrecostes en la obra pública por la vía de los hechos consumados y sin las debidas formalidades”.
“Ha valido la pena”
Para Soler, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL), además de funcionario de la Consejería de Obras Públicas, “la presión que he recibido en estos años y los momentos tan duros que he vivido han valido la pena”.
Carlos Soler, al que el Gobierno destituyó y envió a un servicio para el que no tenía titulación, asegura con emoción contenida que “he querido llegar hasta el final para evitar que se siga degradando la administración. Los funcionarios tenemos una responsabilidad, no con los políticos a los que les toca mandar, sino con la sociedad. Lo que la justicia ha dicho es que los políticos no pueden obligar a callar a un funcionario”.
“Yo era director de esa obra y la persona competente para valorar si estaba justificado un aumento del presupuesto en un 20%, con un coste adicional para las arcas públicas de 600.000 euros. Como me negué a hacerlo, la empresa paralizó unos trabajos de urgencia y un año más tarde otro funcionario ocupó mi lugar para darle el visto bueno a lo que yo había rechazado por razones objetivas”.
Carlos Soler tiene claro que no es la percepción generalizada la acertada sobre los funcionarios. “No somos, no debemos ser esa figura anodina, sombría y cómoda con la que se nos asocia. Somos personas al servicio de la sociedad, y somos además los que tenemos que velar para que no se produzca corrupción” n
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