Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, suma otra imputación tras ser llamado a declarar en calidad de investigado en una nueva causa penal. “Me encuentro absolutamente tranquilo y deseoso de aclarar cuanto antes cualquier duda”, señaló el dirigente de Coalición Canaria en un comunicado en el que informa de que ha sido citado el próximo 16 de enero.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha detectado posibles irregularidades en cuatro obras relacionadas con la gestión del agua en Lanzarote adjudicadas por la empresa Insalsa y el Consejo Insular de Aguas, según ha informado el propio Cabildo en un comunicado.
Uno de esos casos lo ha asumido el propio Juzgado número 4 de Arrecife, al reabrir a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas unas diligencias previas relativas a la remodelación de la planta Lanzarote II, unos trabajos que costaron 97.245 euros.
En ellas se investiga se Inalsa desvió importes monetarios sin justificar, en un periodo anterior al mandato del actual presidente del Cabildo, Pedro San Ginés (CC), precisa la corporación.
Los otros tres contratos con presuntas irregularidades, relativos a obras gestionadas en este caso por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, han sido remitidos por el juez al turno de reparto.
El primero de ellos se remonta a diciembre de 2007, en el mandado en el Cabildo de Manuela de Armas (PSOE), y afecta la ampliación del Centro de Producción Sur de Agua Desalada, con un coste final de 1,8 millones de euros.
Los otros dos atañen a obras realizadas durante la presidencia de San Ginés en el Cabildo.
El primero fue la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas, con coste final de 1,5 millones de euros, en junio de 2010, que fue ejecutada a través de la sociedad pública regional Gesplan. Tenía las competencias delegadas el consejero Fabián Martín, del PIL.
El segundo es un expediente de contratación del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros en agosto de 2012.
El presidente del Cabildo asegura que “supone” que lo citan por un contrato del Consejo Insular de Aguas relativo a una obra declarada de emergencia por “decisión colegiada y adoptada por unanimidad de los miembros tanto de la Junta de Gobierno como de la Junta General del Consejo Insular de Aguas”.
Ambos órganos, añade, le facultaron como presidente “a realizar por la vía de emergencia cuantas obras fueran necesarias para minimizar las pérdidas”.
San Ginés recalca que ese está avalado por un informe favorable de legalidad del secretario del Consejo Insular de Aguas y que la declaración de emergencia se adoptó “a propuesta expresa de los gerentes, tanto del Consorcio de Aguas de Lanzarote como del Consejo Insular de Aguas.”
“Además, estas obras que pudieron haber sido adjudicadas a una sola empresa por elección directa se hicieron, sin embargo, por lotes a cuatro empresas locales, tratando así de acelerar su ejecución, y adelantándonos a lo que posteriormente han dictaminado las directivas de la Unión Europea que pretende incentivar a la pequeña y mediana empresa de proximidad”, argumenta el equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote en su comunicado.
Por ello, su presidente dice que está “absolutamente tranquilo y deseoso de aclarar cuanto antes cualquier duda”.
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