Citan a declarar como testigos/peritos a los catedráticos contratados por Clavijo y Díaz

La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ha citado a declarar en calidad de testigos/peritos a los dos juristas que en su día contrató el Ayuntamiento de La Laguna para, como declaró bajo juramento el técnico municipal Antonio Vera, “contrarrestar” los reparos de legalidad del interventor municipal a la concesión de un anticipo de 120.000 euros en favor de la concesionaria municipal de grúas, entonces controlada por un grupo de siete empresarios, en su mayoría con vínculos personales con el entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Dichos juristas, que harán acto de presencia ante el referido juzgado el próximo día 30, son los catedráticos de la Universidad de La Laguna Francisco Villar y Francisco Clavijo, quienes elaboraron un informe por el que se cambió la fórmula del anticipo por el de préstamo, a pesar de lo cual el interventor municipal, Gerardo Armas Davara, mantuvo sus reparos al entender que no hay norma en el ordenamiento jurídico español que justifique la concesión de un préstamo por parte del Ayuntamiento, y menos en las condiciones en que se produjo.

Lo que se sigue sin saber es quién contrató a Villar y a Clavijo ni cuánto cobraron por estos trabajos. Según las acusaciones particulares, impulsadas desde Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, fue el entonces concejal de seguridad y hoy alcalde, José Alberto Díaz, si es sabido que estos catedráticos suelen elaborar informes jurídicos coincidentes con los intereses políticos de Clavijo, tal y como ocurrió, sin ir más lejos, con la Ley del Suelo.

Por otra parte, ayer se supo igualmente que la jueza ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la acusación que impulsa Por Tenerife-Nueva Canarias contra la decisión de aplazar por ahora la citación como imputado (ahora investigado) de José Alberto Díaz (CC).

Cabe recordar que el llamado caso Grúas versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife encontró indicios delictivos suficientes como para continuar con la investigación judicial en curso.