El informe de Intervención sobre el presupuesto general del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de este año es contundente respecto a la empresa pública municipal Parque Marítimo S.A. (Pamarsa): a su juicio, ya debería estar disuelta y este proceso debería haber coincidido con la cancelación del Plan de Ajuste, puesto que su permanencia estaba justificada en dicho plan por la reducción paulatina de su actividad durante la vigencia del mismo, al incumplir la regla de gasto y generar pérdidas.
Por ello, una vez canceladas las operaciones de crédito, la empresa debería haber cesado su actividad de acuerdo con la normativa vigente. En este sentido, indica el documento, ya se ha pronunciado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, dependiente de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda Pública.
El Pleno municipal aprobó en diciembre de 2012 la disolución de Pamarsa en un plazo máximo de 10 años. Ello supone adoptar medidas tendentes a aminorar sus gastos fijos, como la reducción de la plantilla, compuesta por más de 80 empleados; la renegociación de las condiciones salariales del personal y el coste de los servicios prestados, y la eliminación de las dietas de los consejeros y miembros de la junta general.
Respecto a la mencionada reducción de la actividad de la empresa, en la memoria que acompaña su programa de actuación se recoge la previsión de adjudicar los contratos de concesiones administrativas de los servicios de restauración que presta en Playa Jardín y el bar Dinámico en el primer trimestre de este año. En el caso de que no se produzca en el plazo indicado, Intervención avisa de que “está previsto el cese de la actividad de dichos establecimientos liquidando a todo el personal”.
También recuerda que esta previsión de adjudicación reproduce “la realizada e incumplida” para el último trimestre de 2016 en el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento. La edil responsable de Hacienda, Sandra Rodríguez, discrepa del informe en este sentido. “La salida del Plan de Ajuste no precipita que la empresa se tenga que liquidar antes de lo previsto. Según el marco normativo vigente, hay plazo hasta 2022, tal y como se aprobó por parte del Pleno y como se establece en el citado plan. Por lo tanto, hay tiempo”, aclara.
También aboga por seguir trabajando en la línea que se planteó por parte de la comisión liquidadora, que es la que establece los distintos pasos para disolver la empresa. Por ello, se da de plazo el primer trimestre de este año para sacar a concesión administrativa los establecimientos de restauración, con el fin de despojarla de su actividad y de reducir personal, ya que los adjudicatarios deberán asumir a los trabajadores.
El vicepresidente de la empresa, el concejal Pedro González, asegura que este plazo se puede cumplir porque los pliegos ya están redactados. El problema es que tanto Playa Jardín como la plaza del Charco no se modificaron en el Plan General de Ordenación, en el que aparecen como zona agrícola y verde, respectivamente, por lo que se trabaja en dicha modificación para sacar la concesión “con las mayores garantías jurídicas”.
El edil adelanta que también se contempla y valora la posibilidad de sacar otros servicios, como la jardinería, salvamento y socorrismo y el mantenimiento de la playa y el Lago Martiánez.
En cualquier caso, González dice que la primera advertencia que le consta sobre el cese de la actividad es la del interventor.
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