Los senderos de la información, de las redes sociales y de la posverdad instalada en ellas son insondables, como los caminos del Señor. Al tratarse de poderes invisibles, he llegado a creer que son la misma cosa y todo lo que se profetiza pasa a ser dogma de fe y, por tanto, acaba sometiéndonos a una predestinación insoportable. En algunos ambientes se afirma que el tema catalán se airea para tapar la corrupción y hay quien asegura que el recurso presentado por el Gobierno para intentar parar la investidura de Puigdemont no es otra cosa que un intento para esconder el escándalo valenciano y la declaración de Costa sobre financiación ilegal del PP. Puestos en esa tesitura, también buena parte del independentismo se justifica para evitar el desastre que se cierne sobre la antigua Convergencia, sobre todo ahora que está reciente la sentencia del caso Palau.
Esto no ha hecho sino empezar y la premonición de Pujol cuando advirtió de que mover las ramas del árbol supone que se caerán al suelo todos los nidos, se hará efectiva más pronto que tarde. Todo el mundo sabe que los partidos políticos llevaban treinta años financiando sus campañas electorales con la aportación económica de los empresarios. Pobre del que no lo hiciera si al que no había sufragado parte de sus gastos resultaba ganador de las elecciones.
Más escandalosa era la extorsión de ETA y algunas organizaciones de la izquierda radical los apoyaban y justificaban abiertamente y sin ningún pudor. La realidad es que, aunque se trate de un hecho absolutamente detestable, no produce un deterioro electoral importante. Lo que se ha llevado por delante a las organizaciones políticas ha sido la crisis económica y las medidas adoptadas para combatirla, por un lado, y la ocultación intencionada de sus efectos, por otro. No hay más. La última encuesta encargada por La Sexta TV coloca al PP en primer lugar, seguido de Ciudadanos y PSOE, por este orden; y, a una distancia considerable, Podemos. Todo sigue igual.
Cataluña es el problema más importante que tiene en este momento el Estado español, pero hay quien considera que se trata de la escenificación de la lucha política existente en el resto del país. Se discute sobre la oportunidad de las resoluciones judiciales, sobre cortinas de humo, sobre boicots comerciales, sobre astutas maniobras de políticos habilidosos, huyendo del problema real y de sus efectos. Hay quien minimiza el debate ideológico y lo reduce a los asuntos cotidianos con que se enfrentan los ciudadanos.
Los argumentarios dicen que, en lugar de hablar de independencia hay que referirse a las listas de espera, a la precariedad laboral, a la desigualdad, al maltrato, a la violencia de género, a la política de refugiados, en lugar de hacerlo a la brecha de odio que se ha generado entre los habitantes de una región histórica y entrañable de nuestro país, y a las reacciones, igualmente radicales, que se producen desde el exterior contra el conjunto de ese pueblo. La realidad a veces es aprovechada por la demagogia para convertir en urgentes cosas cuya solución requiere de un plazo más sosegado. Quiero decir que una amenaza inminente no puede dejar de ser respondida con la inmediatez que le corresponde y soslayarla anteponiendo el argumento de que los problemas que más le preocupan a la gente son otros. Estamos cansados de escuchar estos argumentarios, que son los planteados por el bloque constitucionalista en Cataluña, donde no terminan de coger por los cuernos y dar respuesta a una cuestión que requiere una reflexión teórica en lugar de ofrecer soluciones prácticas a lo que ocurre en el devenir de cada día.
Con esto se consiguen éxitos electorales relativos, victorias pírricas, aumento de las expectativas y extrapolaciones inútiles para el caso, pero el problema de fondo sigue estando ahí; con tribunales o sin ellos. Por ejemplo, el recurso inspirado por Soraya Sáenz de Santamaría para cortar preventivamente la investidura de Puigdemont ha sido interpretado como una escalada para la sucesión en el liderazgo del PP, y esto me parece de una frivolidad absoluta. Tan frívolo como considerar una monstruosidad jurídica la resolución del Tribunal Constitucional, como ha dicho el abogado de Carles Puigdemont.
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