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Alertan de la baja calidad del árido de residuos de construcción

Fepeco no solo insiste en que la cantera de Arico se acabará en pocos meses, sino que el largo trámite burocrático para autorizar canteras propiciará “el picoteo” sin ningún control
Canteras de áridos clausuradas en 2005 en el municipio de Güímar / FRAN PALLERO

Fepeco, la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña, no solo insiste en la escasez de áridos que se está produciendo en Tenerife, sino que ahora alerta del riesgo de construir obras públicas y privadas con áridos que provienen del machaqueo de residuos de la construcción y que no pasan los controles debidos, un hecho ya denunciado por constructores e incluso empresarios areneros.

La alerta de Fepeco se produce unos días después de que el Cabildo recordara que el ámbito de los barrancos de Güímar sigue siendo extractivo en el PIOT y que el 80% del suelo sigue siendo propiedad de los areneros condenados hace dos años por la extracción de áridos descriminada sin restaurar mientras ejercían su actividad, parada en 2005 cuando comenzó el proceso judicial ya resuelto con penas de cárcel para los cuatro areneros -tres de ellos pendientes de cumplir- si no depositan 167 millones de euros de fianza o rehabilitan integralmente las canteras antes de un año.

Cerrada las canteras de Güímar, la mayor meca del árido en Tenerife, hoy existen dos canteras legales en la Isla: Archipenque, en Arico, que según Fepeco se acabará en pocos meses y que tiene una excelente ubicación para servir al área Metropolitana y Sur, y Los Pasitos, en Santa Cruz, que aún no ha empezado a producir, y que está muy alejada del mayor centro de consumo, el Sur.

Todas lo demás en cuanto a canteras se refiere son posibilidades y especulaciones que requieren de una tramitación burocrática de como mínimo 10 años. Esta extracción con canteras legales solo afectará a áreas localizadas y especialmente elegidas del territorio, donde exista recurso de calidad adecuada y que además pueda extraerse de una forma compatible y respetuosa con el Medio Ambiente.

Sin embargo, con la política actual, impidiendo el desarrollo de canteras legales localizadas, se están autorizando plantas de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s), sin controlar el volumen que realmente están produciendo respecto al que tienen autorizado, ni de dónde sacan el material que machacan, sin garantizar que el árido que venden procede de un Residuo, ni como obtienen el Marcado CE, “se seguirá propiciando el picoteo actual del territorio, sin ningún control y el precio del árido subirá muy notablemente”, afirman desde Fepeco.

A diferencia de las canteras legales localizadas, las RCD´s no pueden hacer excavaciones profundas en las zonas que picotean, por lo que tienen que ir a desbrozar y destrozar superficie. Además, esta superficie, nunca será restaurada, ya que las RCD´s no tienen obligación de hacerlo, ni aval que lo garantice, y en poco tiempo, repercutiendo negativa en el paiseje rural.

Pendientes de la Audiencia

El llamado caso Áridos sigue a la espera que se cumpla la sentencia dictada en enero de 2016, que obliga a los tres empresarios que aceptaron un acuerdo de culpabilidad -el cuarto, Francisco del Rosario cumple condena de tres años de prisión-, a restaurar el daño ecológico causado, ahora antes de un año, o afianzar 167 millones de euros -pendientes del plazo que dicte la Audiencia- para evitar la cárcel, tras el díctamen del Fiscal de no aceptar el suplicatorio de los condenados.

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