Don Pedro Recio de Tirteafuera en el AVE o un 155 para Azaña

Un poco más de la del alba sería cuando dos hombres jóvenes de figura quijotesca -tanto por su estampa como por la naturaleza de su misión- me abordaron en la estación de Sans tras descender como yo del AVE de Madrid. Enarbolaban mirada amiga y pensé que querían que nos hiciéramos un selfie. El encuentro tenía, sin embargo, mucha más enjundia. El más alto, de cabello rubicundo y frente despejada, se presentó con la jovial corrección de los libros de caballerías: “Soy el secretario de Estado de Administraciones Públicas… Venimos como todas las semanas a gestionar la Generalitat”. Acto seguido me presentó a su más achaparrado escudero como el “director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas”.

Eran Roberto Bermúdez de Castro y Enrique Lasso de la Vega los dos animosos sorayos que controlan la maquinaria política de la Generalitat, por delegación de la Vicepresidenta, delegada a su vez para ello por el Presidente, desde la aplicación del 155. Resultó que, en ambos casos, tenemos amigos comunes. Y, desde luego, al pisar el andén de la Cataluña insurgente, estábamos en el mismo bando. Fue una conversación breve pero grata. Me explicaron que cada siete días se reúnen con los secretarios generales de las consellerías -a modo de sucedáneo de gobierno autonómico- para despachar los asuntos ordinarios y transmitir criterios sobre lo que se debe hacer y lo que no. “En general son gente maja y colaboradora. El trato personal es bueno. Sin ellos sería todo mucho más difícil”.

También me dijeron que algo habrá que hacer para garantizar la enseñanza en español en Cataluña -“Entre otras cosas, para que no se nos adelante Ciudadanos…”-, pero que no saben muy bien qué: “Eso lo lleva Educación”.

De inmediato sentí hacia ellos el afecto que suscitan las más nobles criaturas y les encomendé a la patrona de los imposibles. Pero me di cuenta de que no había topado con don Quijote y Sancho, prestos a embestir contra los molinos de cada martes, sino con otros dos personajes extraídos del mismo libro: el ilustre galeno don Pedro Recio de Tirteafuera y su paje de servicio. El trayecto mental de esa asimilación es perfectamente confesable y como en el caso de la “papiroflexia constitucional”, tiene su origen en esa cueva de sabiduría histórica y dramaturgia educativa en la que José Luis Gómez ha convertido su teatro de La Abadía. Después de Unamuno, Azaña, con todo el impacto de su “pasión española”. Una función mucho más vigente que cuando la estrenó, hace treinta años, porque la violencia ambiental impregna hoy el debate político, de forma semejante a lo que ocurría en la Segunda República, y, sobre todo, porque en relación a Cataluña se está repitiendo la experiencia de entonces.

Las amargas referencias a la “deslealtad” del nacionalismo catalán y el perpetuo espíritu cervantino de los textos de Azaña que Gómez deja fluir por su garganta, como si fuera un médium, un transmisor de palabras magnéticas que flotan en el más allá, todo eso me remite a las fuentes originarias. O sea a los discursos, debates y anotaciones que brotaron de los labios y la pluma de Manuel Azaña.

Y, justo en el quicio de la puerta abatible que separa la ingenuidad de la decepción, respecto a la autonomía de Cataluña, ahí está don Pedro Recio de Tirteafuera, el galeno que en la ínsula Barataria ejerce una labor tutelar, diríamos que una especie de 155 gastronómico, determinando qué platos y manjares deben serle permitidos comer a Sancho, una vez encaramado al solio de gobernador.

Pero empecemos por la edad de la inocencia, en concreto por las afirmaciones que Azaña hace en Barcelona el 27 de marzo de 1930 cuando, siendo presidente del Ateneo, forma parte del grupo de intelectuales madrileños que expresa allí su solidaridad frente a los estragos de la fenecida Dictadura de Primo de Rivera: “Concibo a España con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse, mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Unión libre de iguales con el mismo rango, para así vivir en paz, dentro del mundo que nos es común”.

Así como la primera frase parece augurar el igualmente ingenuo compromiso de Zapatero de “apoyar el Estatuto que venga de Cataluña”, la segunda perfila más que una federación, una confederación entre el Estado y una de sus partes. Pero Azaña va más lejos:

“Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio para unos y para otros y desearos buena suerte, hasta que, cicatrizada la herida, pudiéramos establecer al menos relaciones de buenos vecinos”. Sólo la incuria histórica que les caracteriza, explica que ningún Puigdemont nos haya pasado por las narices a los liberales españoles este texto de tan venerado santo laico.

Exactamente dos años y dos meses después, o sea el 27 de mayo de 1932, el Azaña que sube a la tribuna de las Cortes a defender el proyecto de Estatuto de Cataluña ya ha pasado de las musas al teatro. No preside el Ateneo sino el Gobierno de la República. Y por eso tiene que navegar entre las pretensiones de la autoproclamada Generalitat que, ha aprovechado esa invitación a la barra libre, implícita también en el Pacto de San Sebastián, para presentar un texto maximalista como “fait accompli” –igual que ocurriría en 2005-, y las serias objeciones de personalidades tan significadas en el nuevo establishment republicano como Miguel Maura, Melquiades Álvarez, Felipe Sánchez Román o el propio Ortega.

En esa búsqueda de un espacio propio Azaña enlaza las reivindicaciones catalanas con las de los comuneros de Castilla en el siglo XVI y, olvidándose hasta de las Cortes de Cádiz, advierte: “Los Reyes Católicos no han hecho la unidad española; la unidad española, la unión de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros y probablemente por primera vez”.

Al traspasar ese grandilocuente pórtico, Azaña se ve obligado, sin embargo, a reconducir el muy conformista dictamen de la comisión constitucional que ha presentado su amigo el periodista de tan buen porte como timbre, Luis Bello Trompeta: “Nada podrá admitirse en el texto legal que regule las autonomías de las regiones españolas si contradice, no ya los límites taxativos y enumerativos de la Constitución, sino los límites conceptuales implícitos en los dogmas que presiden la organización del Estado en la República”.

Esta advertencia se vuelve categórica, al dirigirse a los diputados catalanes: “Si nosotros no estuviésemos convencidos de que el votar la autonomía de Cataluña, o de otra región cualquiera, es una cosa útil para España, justa e históricamente fundada, y de gran porvenir, por muchas cosas que hicierais o que dijerais, no os votaríamos la autonomía bajo ningún otro concepto. Es pensando en España, de la que forma parte integrante, inseparable e ilustrísima, como se propone y se vota la autonomía de Cataluña y no de otra manera”.

Azaña abandonaba así la interpretación del Estatuto como fruto de un pacto bilateral “entre iguales”, que él mismo había alentado dos años atrás, y se acercaba más a la especie de Carta Otorgada descrita por el gran jurista e intelectual republicano Felipe Sánchez Román: “Aquí no hay ni puede haber pacto en el sentido del Derecho Constitucional. Aquí estamos todos, catalanes y no catalanes, bajo el peso inopinable de una norma constitucional… Esa Constitución no dice, de ninguna manera, que el Estado español, unitario, se disgregue en diferentes estados miembros para formar un régimen federal. Lo que nos dice esa Constitución española es que estamos facultados para dictar Estatutos de Autonomía”.

En lo que discrepaba Azaña de Sánchez Román era en su corolario de que el Estado debía ejercer un “derecho de control y vigilancia sobre la región autónoma”. Con un sofisma similar al que el Tribunal Constitucional incluiría en su sentencia de 2010 para zanjar la cuestión lingüística en la enseñanza, tildando de inconcebible que el castellano no fuera tan vehicular como el catalán, Azaña lo fiaba todo a la lealtad institucional: “Los catalanes no piden la autonomía para molestar a la República desde sus fronteras, creándole conflictos, sino para colaborar con el Gobierno de toda España en el mantenimiento del orden social y en el progreso del país”.

Y ahí es donde se ponía estupendamente cervantino: “Nunca podremos nosotros convertirnos en supervisores de la gestión y poner a la autonomía un visor, un tutor, llámese como se quiera, gobernador general, lugarteniente o cualquier doctor don Pedro Recio de Tirteafuera. No puede haber autonomía con Pedro Recio de Tirteafuera. O es autonomía o no es nada”.

Estas palabras dejarían hoy indiferentes a la totalidad de los protozoos que ejercen como diputados; pero como en aquellas Cortes había unos cuantos -empezando por Unamuno y Ortega- para quienes el Quijote significaba mucho, no es difícil imaginar la chispa que debió saltar de sus miradas, pues la alusión no podía venir más al caso. Recio de Tirteafuera emerge “con una varilla de ballena en la mano” junto a la mesa del inopinado gobernador de Barataria para que no se empache, como les pasó a Puigdemont, Junqueras o Turull, con los manjares a los que le da acceso su repentino e improvisado poder.

Él mismo explica su cometido: “Dejarle comer lo que me parece que le conviene y quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño”. En la práctica eso significa frugalidad y restricciones. Plato que toca el galeno con su varilla, plato que desaparece. Sancho, cubierto de un “babador randado”, propio de su sobrevenido linaje, se halla presto a abalanzarse sobre unas suculentas perdices “bien sazonadas”, pero el doctor Recio de Titeafuera le obliga a conformarse con unas “tajadicas subtiles (sic) de carne de membrillo”. Eso es lo que hicieron el Tribunal de Garantías de la República al anular la Ley de Contratos de Cultivo o el Tribunal Constitucional de la democracia al podar partes significativas del Estatuto y vigilar luego su aplicación.

Quienes tenían ya listas las leyes de desconexión, no podían conformarse con que un tribunal les dijera que debían limitarse a legislar sobre el uniforme del cuerpo de bomberos. Tanto control sobre su estómago, termina con la paciencia de Sancho que en un momento estalla: “¡Que se me vaya Pedro Recio de aquí! Si no, tomaré una silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza… que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la república”. Seguro que Puigdemont y muchos de sus seguidores se reconocerían usando iguales palabras en idéntico lance. Y seguro que habrá también quien reconozca a Rajoy y Soraya en la medrosa retirada estratégica de don Pedro Recio, al “hacer tirteafuera de la sala”.

Azaña concluyó su defensa de aquel primer Estatut con el vigor oratorio y la fuerza literaria de las grandes ocasiones: “Nosotros no queremos ser los guardianes de un ascua mortecina, arropada en las cenizas de un hogar desertado por la Historia”. Incorporando, por cierto, entre aplausos y voces de asentimiento, la metáfora de la antorcha que vertebraría el discurso inaugural de Kennedy casi 30 años después: “Queremos reinstalar la Historia en nuestro hogar; que la tea pasada de mano en mano en las generaciones que nos han precedido y llegó a las nuestras, podamos transferirla a la generación que nos suceda más brillante, más ardorosa, más fogosa, iluminando los caminos del porvenir”.

Tras haber establecido tanto sus límites conceptuales como sus amplios márgenes operativos, Azaña se había convertido así, al decir de Eduardo García de Enterría, en “el autor casi personal del régimen autonómico de Cataluña que él concibió, con especial y manifiesto entusiasmo, como una gran obra española”. Tan estrechos eran sus lazos con la Generalitat y gran parte de los políticos catalanes, que su mera presencia en Barcelona, precisamente para asistir al funeral de su amigo el conseller Carner, sirvió de excusa para que el gobierno de Lerroux le implicara en el golpe de Estado de Companys de octubre del 34 y ordenara su detención en un buque prisión “por rebelde contra España”.

Como él mismo explicó en Mi rebelión en Barcelona, aquel fue un “trueno demasiado gordo”. Pero cuando, tras su estrépito, decayeron tanto la acusación absurda como su propia indignación, lo que permaneció fue el descubrimiento de que el nacionalismo catalán estaba engendrando en su seno “un movimiento demagógico y despótico”, capaz de recurrir a “los arreos de guerra del fascismo”.
Cuando, de vuelta al poder, le tocó hacer frente a la sublevación militar y la guerra civil como presidente de la República, Azaña topó ya con “una manifiesta y casi cínica deslealtad de las autoridades catalanas -son de nuevo palabras de Enterría- que le hirió profundamente y le llevó a rectificar su opinión sobre el régimen autonómico mismo”.

Es el Azaña que el 17 de mayo del 37 ordena poner fin a la pretensión literal de la Generalitat de hacer la guerra por su cuenta y “restablecer la autoridad del Gobierno en Cataluña en todo lo que le compete”. El Azaña que desdice su propio conformismo del año 30 y replica “yo ahí no llego”, cuando su jefe del Gobierno, Juan Negrín, le dice que él aceptaría la “separación pacífica” de Cataluña. El Azaña que, incluyendo también a los nacionalistas vascos, llega a espetarle al propio Negrín: “Si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco”. El Azaña que clama en “La velada de Benicarló”, tras vivir in situ el levantamiento de la FAI, en el 38, en Barcelona: “El gobierno de Cataluña es la más poderosa rémora de nuestra acción militar… De Cataluña ha salido la peste de la anarquía”. El Azaña que, especulando con el triunfo republicano, advierte: “Después de cuanto ha ocurrido en Barcelona, la institución (de la Generalitat) sería difícilmente salvable”.

¿Qué habría hecho Azaña, a la luz de esa experiencia, si hubiera vivido para influir en la Transición? José Luis Gómez respondió hace unos días a esta pregunta de EL ESPAÑOL, alegando que “habría introducido muchas más cautelas en la nueva Constitución” porque habría sido consciente de que “el nacionalismo es insaciable”.

A mi modo de ver, las “cautelas” constitucionales son la condición necesaria pero no suficiente, en el abordaje del problema. La Constitución de la República reservó a las Cortes la facultad de reformar unilateralmente el Estatut y la del 78 ideó el artículo 155 como un omnicomprensivo bálsamo de Fierabrás. No estamos ante un problema de falta de instrumentos sino de voluntad y capacidad política para utilizarlos. Por eso yo me permito sugerir que, en una situación como la nuestra, Azaña habría recapacitado y reivindicado la figura vigilante y censora de don Pedro Recio de Tirteafuera. Ese es en suma el papel que vienen cumpliendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo -especialmente el instructor de la causa del 1-O, Pablo Llarena- y estos altos funcionarios que viajan todas las semanas en el AVE a Barcelona a enarbolar la “varilla de ballena” y quitarles de la boca a los separatistas las “estructuras de Estado”, las investiduras de prófugos, presos preventivos y procesados o las subvenciones a organizaciones y medios afines al procés, cuando ya se disponen a engullirlas con su “babador randado”.

El problema es que Bermúdez de Castro y Lasso de la Vega, o sea Rajoy y Soraya, se quedarán sin su “varilla de ballena” mágica el día que deje de estar en vigor el 155. Teóricamente eso sucederá, de acuerdo con el mandato del Senado y lo pactado por el PP con el PSOE y Cs, en el momento en que se constituya el nuevo Govern de la Generalitat, en función del resultado de las elecciones del 21-D. Pero, al margen de que aquella convocatoria extemporánea, fruto de la precipitación y el miedo, produjo el desastroso resultado conocido por todos, lo cierto es que nadie contaba con que tres meses después los separatistas continuarían empecinados en el órdago al Estado, por su falta de pragmatismo.

¿Para qué ha servido la frustrada investidura del ya encarcelado Turull sino para engendrar otro episodio de victimismo y de parálisis? ¿Por qué el separatismo no ha apostado en su lugar por Elsa Artadi, Torrent o cualquier otra persona no afectada por el auto de procesamiento de Llarena? ¿Por qué no busca un acuerdo transversal con Ada Colau y Domenech para liberarse de la coacción anarco-aventurera de la CUP, empeñada en resucitar el fantasma de la FAI?

A medida que va quedando claro que con estos mimbres desleales siempre se terminará confeccionando el mismo cesto conflictivo, los partidos constitucionales y en especial el que gobierna deberían replantear su decisión de volver a dejar todo como estaba. O al menos los plazos y requisitos para hacerlo. Unas nuevas elecciones autonómicas antes del verano reproducirían probablemente los resultados de diciembre. Lo inteligente sería prorrogar el 155 hasta que el Supremo dictara sentencia e inhabilitara a los golpistas de octubre, trazando así los límites del mapa político catalán.

Es muy ilustrativo a este respecto que don Pedro Recio de Tirteafuera sólo desaparezca de la escena cervantina cuando cesa la anomalía de que alguien como Sancho pueda gobernar en Barataria. Y que este sólo abandone la ínsula después de haber sido cercado por el hambre. Lo último que se le permite engullir es “un poco de conserva y cuatro tragos de agua fría”.

Entonces llega a la sabia conclusión de que “nadie debe tender más la pierna de cuanto fuera larga la sábana”. La tragedia de la República que encarnó Azaña debería reafirmarnos en la idea de que hoy no hay más sábana que la Constitución, ni más cama que la legalidad autonómica. Y si alguien no respeta esas reglas, pues que duerma a la intemperie o en el jergón de una celda.