El sistema electoral canario ha recibido duros calificativos sobre su solvencia democrática, pero las fórmulas que se barajan para su reforma tampoco están exentas de crítica y polémica en un Archipiélago donde los equilibrios son tan sensibles. A excepción de la reducción de las barreras electorales aprobadas en 1996, sobre lo que existe aparentemente consenso, cualquier cambio en el actual modelo apunta a ser casus belli.
De hecho, los últimos movimientos, que cuestionan la triple paridad y deshacen el equilibrio provincial, han avivado el fantasma del pleito insular en Canarias. Cualquier roto en esta fina costura con la que se ha diseñado el Archipiélago está siendo mirado con recelo desde distintos sectores, fundamentalmente en la provincia occidental, que sería la damnificada en el reparto.
Un debate que camina todavía de forma soterrada que se ha generado sobre todo a raíz de la propuesta que aprobó el consejo político de Coalición Canaria, en la que básicamente proponen sumar un diputado más a Tenerife y Gran Canaria, y un tercero a Fuerteventura, con la finalidad de compensar el parlamentario que tiene La Palma por encima de la isla majorera a pesar de contar con menos población.
De prosperar esta iniciativa, la provincia de Las Palmas dispondría de 32 diputados frente a 31 de Tenerife. Se rompería además otro de los equilibrios del actual sistema electoral y que es la tercera pata que sostiene la triple paridad: el mismo número de escaños entre las dos islas capitalinas y las periféricas. Solo se salvaría un único criterio de la triple paridad, la equivalencia en el número de diputados de Tenerife y Gran Canaria.
De hecho, tal y como adelantó este periódico, en el seno de Coalición Canaria han surgido voces muy críticas contra esta propuesta tanto desde la isla de La Palma como de El Hierro, argumentando precisamente la ruptura del equilibrio existente hasta ahora y la eliminación de la triple paridad.
Un criterio que también se rompería o superaría, como comentan de forma eufemística algunos de sus promotores, con el modelo del colegio de restos, sobre el que existe un principio de acuerdo entre todos los partidos de la oposición, a excepción de ASG.
En este caso, el incremento de parlamentarios es mayor que la propuesta de CC, ya que pasaría de los 60 actuales a 70 diputados. De los diez que se incorporarían, solo uno tendría adscripción territorial, Fuerteventura, por las razones antes explicadas, y los otros nueve formarían un colegio de restos.
Su designación estaría en manos de los partidos políticos. Esta circunstancia ha despertado también mucha suspicacia en el seno sobre todo de las islas no capitalinas, porque reduciría su representación frente a los principales centros de poder en Canarias que están situados en Tenerife y Gran Canaria.
Incluso dentro del propio Partido Socialista, que respaldaría esta iniciativa, han surgido voces críticas de destacados líderes como la del secretario general de La Palma y único presidente de Cabildo que tiene esta formación en Canarias en la actualidad, Anselmo Pestana, que aboga por el acuerdo adoptado en su momento por el PSOE para la creación de una lista regional frente al colegio de restos que, a su juicio, rompería el equilibrio territorial.
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