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Casi 100 mujeres viven en La Palma con protección contra el maltrato

La jefa de la Unidad de Intervención contra la Violencia Machista, Alicia Pérez Bravo, explica la necesidad de crear equipos multidisciplinares para ayudar a las víctimas a salir de la espiral del miedo
Alicia Pérez Bravo es la Jefa del a Oficina de Intervención contra el maltrato a la mujer en La Palma. | DA

La Unidad de la Violencia contra la Mujer, entidad dependiente de la Delegación del Gobierno en Canarias y con su base de operaciones en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma, ha confirmado que en el territorio palmero hasta 96 mujeres viven con medidas de protección contra la violencia de género, mecanismos jurídicos y policiales que establecen diversos grados de custodia y seguridad que van desde una escala extrema, con vigilancia permanente, hasta la denominada no apreciable y pasando por grados medios y altos.

Alicia Pérez Bravo, responsable en la Isla de este organismo desde el año 2009, es una figura clave en la interlocución con los distintos expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una materia muy sensible, que tuvo su momento más doloroso la mañana del 10 de julio de 2015, tras el asesinato de la joven Laura González a manos de su expareja, que cumple 37 años de condena.

Pérez Bravo asegura que son necesarios más recursos. Entre esas necesidades entiende como fundamental la creación de más equipos multidisciplinares, con figuras claves como los psicólogos tanto en el equipo de la Mujer del Cabildo, donde desarrolló su trabajo durante siete años, como en otros ámbitos de la administración, incluso los judiciales, para dar una respuesta más rápida a la resolución de denuncias que, hasta que no se cierran con sentencias, no permiten a la víctima abrir un horizonte nuevo, con expectativas distintas y con un futuro más alentador para sus hijos.

“Una vez que una mujer tiene una medida de protección y forma parte del sistema que compartimos juzgado, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Unidad Contra la Violencia de Género, estas mujeres pasan a estar protegidas”. Entre sus tareas está coordinar, junto con los ayuntamientos y las personas que llevan los equipos de atención especializada contra la violencia de género y que realizan seguimientos de los casos en función del nivel de riesgo, además de la policía local, los equipos de Menores y Familia y el de la Mujer, este último dependiente del Cabildo. Estas mujeres tienen hijos menores a cargo y ellos también son victimas de esa violencia. “Intentamos coordinar el trabajo para crear un espacio común de seguridad y de eficacia en torno a estas mujeres”, señala Perez Bravo.

Psicóloga de profesión y una declarada militante feminista en defensa de los derechos de las mujeres, Pérez Bravo reconoce que “el sistema es mejorable, hay bastantes recursos pero no suficientes y en la Isla creo que hacen falta más recursos”. Destaca la importancia del cumplimiento de la asunción de responsabilidades por parte de los agentes policiales, sanitarios o técnicos en todos los ámbitos para convertir el sistema en un mecanismo eficaz y efectivo. Aclara que “a veces hay indicios de sospecha de maltrato que deben alertar y existe una obligación de activar ese protocolo. Eso no ocurre siempre”. La razón es clara: “A veces es más fácil pasar la pelota y no tener esa responsabilidad, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si hay sospechas hay que actuar”.

Alicia fue psicóloga del Equipo de la Mujer del Cabildo durante siete años, un período en el que aprendió “la necesidad inmediata de respuesta ante la situación de indefensión tremenda de muchas mujeres, una porque no conocen los recursos, y eso es imprescindible. Han de conocer que existe un sistema que las puede ayudar”. Ante la cuestión de cómo una psicóloga convence de denunciar a una mujer maltratada con hijos, sin trabajo y en un entorno rural donde la figura masculina y sus conductas agresivas son silenciadas, Pérez Bravo explica que “tenemos que hacerle entender que es una víctima y que tiene recursos, ayudas específicas, una de ellas la Renta Activa de Inserción”. Mientras perciben esa ayuda los equipos de intervención actúan para permitirles reincorporarse a una nueva vida, sin maltratos y con independencia económica del agresor. Antes de que las mujeres den el paso definitivo para abandonar al maltratador y denunciar, y según los datos estadísticos que maneja Alicia Pérez Bravo, pueden haberlo intentado entre cinco y ocho veces.

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