La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha citado a los cincuenta vecinos del barrio macense de Lodero, que han denunciado ante esa administración y ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el uso de la obra pública de la Red de Riego de la comarca, financiada con fondos europeos por valor de 7,7 millones de euros, para la colocación de una instalación privada que no cuenta con las preceptivas autorizaciones administrativas.
La Casa de la Cultura de Villa de Mazo acogerá este miércoles a las 19:00 horas, la reunión convocada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y de su hombre al frente de la Dirección General de Agricultura, el palmero César Martín. En ese encuentro tratará de analizar con los vecinos y con los regantes, una situación que ha generado enorme inquietud en el consistorio de Mazo.
El alcalde, el nacionalista José María Pestana, aseguraba ayer que “me preocupan los vecinos y sus inquietudes y tambien los regantes”. Aclara que “el Ayuntamiento no es competente en una obra de interés general como esta, de la que ya en su día hubo que devolver el dinero a Europa porque no contaba con la calificaión territorial”. En esa línea expresa que “lo que no queremos es tener problemas con una inversión que nos ha costado tanto que llegara al municipio. Se deben cumplir los derechos de los vecinos y de los regantes y veremos qué dice la Consejería de Agricultura”.
De momento, los afectados reclaman la retirada de una conducción de agua particular instalada en paralelo al proyecto visado y aprobado por el Gobierno de Canarias. Siguen esperando respuesta a algunas de sus preguntas, y ya han dado registro de entrada a su denuncia ante la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano (APMUN). Aunque quieren escuchar lo que el director general de Agricultura tenga que decirles acerca de un proceso de contrucción en una obra pública declarada de interés general, tienen claro que no hay una justificación para acometer una obra privada de dos vecinos en una obra de interés general.
La Consejería de Agricultura les explicó en una carta que se trta de una actuación autorizada por el director de obra, que tiene en cuenta las condiciones de que “no interifera ni en las instalacines ni en la ejecuicón del proyecto” y en que “no signifique coste alguno para la administración”. Si el parecer de la Consejería de Agricultura que preside el nacionalista Narvay Quintero no cambia, y la obra privada sigue adelante, la expectativa es que el asunto pueda llegar a los tribunales, una cuestión que sí tienen clara los vecinos.
En un escrito dirigido al Gobierno de Canarias, los 50 vecinos del barrio de Lodero recuerdan que “el articulo 103 de la Constitución Españal establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
En base a tales preceptos, los vecinos consideran que “con la actuación privada dentro de una obra pública, se podría estar incurriendo en delitos de carácter patromonial, como la malversación, que lesiona a la administración”.
La actuación denunciada, que está siendo llevada a cabo por los propios operarios de la empresa privada que ejecuta los trabajos a cargo de Gesplán, consiste “en una tubería que mantiene una finalidad que en nada tiene que ver con el interés general sino, al contrario, se fundamenta en que es para beneficio particular de dos personas”. Desde el Gobierno de Canarias y en su nombre, el director general de Agricultura César Martín, se ha afirmado que que “no procede la paralización de la obra para que se proceda a retirar la tubería instalada por parte de los vecinos, ya que esto sí supondría una alteración en el plan de obra previsto”.
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