El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane corre el riesgo de tener que indemnizar con 1,5 millones de euros a Ruiz Romero, propietario de la planta de asfalto del Callejón de la Gata, a la que los tribunales anularon la licencia otorgada por el consistorio en el año 2009.
Esa posibilidad ha vuelto a ponerse sobre la mesa toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso de casación de la empresa, que pone ahora en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre este asunto.
La indemnización patrimonial solicitada tiene que ver con el que en términos jurídicos se denomina “daño emergente” y que en términos coloquiales no es más que la inversión real que el empresario llevó a cabo para poner en pie un planta de asfalto que contaba con licencia municipal tras el visto bueno administrativo del Cabildo palmero. Tras sentencia firme fue desmantelada por orden judicial tras una lucha de cinco años en los tribunales encabezada por la Plataforma de Vecinos contra las Plantas de Asfalto.
Atrás quedan las aspiraciones de la empresa de lograr la indemnización solicitada originalmente, por valor de 24 millones de euros, y donde se estimaba el lucro cesante y el daño moral, además de la inversión en costes para levantar la instalación. La cantidad fijada finalmente por los tribunales como indemnización fue de 176.000 euros, en el marco de una sentencia cuyo recurso ha sido admitido ahora a trámite y sobre el que se pronunciará el Tribunal Supremo.
El asunto preocupa al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que junto a sus servicios jurídicos y a los representantes de Ruiz Romero, negoció durante meses una indemnización que la empresa afectada no encontraba razonable.
La sentencia que anuló la licencia de la planta de asfalto de Ruiz Romero en la zona industrial del Callejón de la Gata, en Los Llanos, sentó un precedente importante para el sector industrial vinculado a las actividades clasificadas y para la planificación del territorio. No en vano, tras la sentencia han sido varios los regidores locales (Fuencaliente y Barlovento, entre otros), los que han advertido de que lo que no es bueno para Los Llanos de Aridane no es bueno para el resto de municipios.
Más allá de tales consideraciones, figura también el argumento del riesgo de otorgar licencias inicialmente garantistas, como ya ocurrió en el caso del Callejón de la Gata, que finalmente y en favor del interés general de los vecinos, terminen siendo anuladas con el consiguiente desenvolso de dinero de las debilitadas arcas locales en concepto de indemnización por daños patrimoniales.
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