Hemos de reconocer que nuestros políticos tienen una capacidad casi infinita para liar las cosas y para inventar un problema -o varios- para cada solución. Algunos, además, inventan disparates, como la ocurrencia de Cristina Cifuentes, que anunció que renunciaba a su máster fantasma. Parece mentira que no sepa que, como ha advertido acertadamente Ángel Gabilondo, el candidato socialista en la anunciada moción de censura, el beneficiario no es competente para renunciar a un título académico una vez concedido. Todo lo más, puede anunciar que renuncia a utilizarlo o a beneficiarse de sus efectos, una renuncia que, por otra parte, no le obliga a nada y puede revocar en cualquier momento. Salvo los jueces en una sentencia firme, la institución que ha concedido el título es la única que tiene competencia para anular el acto administrativo de su concesión, siempre por un procedimiento reglado y garantista. Pero dejemos el lamentable asunto de Cristina Cifuentes para centrarnos en otras ocurrencias de nuestros políticos, ahora en relación con el sistema electoral autonómico canario.
Hemos leído estos días que, al parecer, los partidos que propugnan la reforma de nuestro sistema electoral han renunciado a su propuesta de elegir nueve diputados más en un colegio de restos y estarían dispuestos a aceptar la circunscripción comunitaria o lista regional. Como venimos argumentando desde hace treinta y cinco años, la lista regional es la prueba fehaciente de una reforma genuina o auténtica del sistema, hasta el punto de que toda reforma que no la contemple es una falsa reforma, cosmética o aparencial. Pues bien, a la hora de implementar esta lista regional, nuestros partidos y nuestros políticos no han renunciado a inventar problemas para esta solución.
Se está planteando si esta lista regional podría ir anexa a una lista insular del mismo partido, y hay que apresurarse a advertir de que es inconstitucional obligar al elector a votar a la misma candidatura en ambas listas, porque así se vulnera muy gravemente su derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. No es de recibo que nuestros partidos y nuestros políticos propugnen semejante barrabasada para asegurarse unos votos. La única forma constitucional, legal -y decente- de votar la lista regional es con papeletas distintas en urnas distintas. Y entonces nuestros partidos y nuestros políticos aducen que si coinciden otras elecciones simultáneamente los electores pueden confundirse o liarse con tantas urnas. Vamos, que nuestros partidos y nuestros políticos no parecen tener en mucha estima la inteligencia de los mismos ciudadanos a los que piden su voto, pero a los que no dudan en insultar.
Por cierto, los elegibles en la lista regional pueden obtenerse perfectamente de una reducción proporcional de los elegibles en las listas insulares, sin aumento del número de diputados y del gasto público. Al contrario, habría que pensar en reducir al menos un diputado, para que el número total fuera impar y se evitaran eventuales empates paralizadores, como ya se hace en otros muchos sistemas electorales.
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