SOCIEDAD

Vicios de buena voluntad en la obra pública de la red de riego

Los vecinos de Lodero preguntaron y repreguntaron sobre lo que entienden como incongruencias en la toma de decisiones por parte de la Administración pública

Imagen de uno de los momentos de la reunión celebrada por Agricultura en el Hoyo de Mazo para responder a las quejas de los vecinos. | DA

La Dirección General de Agricultura que dirige César Martín, admite tener un problema si comienzan a surgir reclamaciones como las presentadas por los 50 vecinos de Mazo, que piden la retirada de una conducción privada de la obra de interés general que lleva a cabo el Gobierno de Canarias a través de Gesplán para la modernización de los sistemas de regadío y con una inversión de 1,3 millones de euros en esta actuación concreta.

Las explicaciones dadas por el director general, aduciendo la buena voluntad y el favor que se les hace a los vecinos, siempre y cuando no suponga coste alguno para el proyecto público y con el visto bueno del director de la obra – que en este caso pertene a la empresa privada subcontratada por Gesplan-  no convence al grupo de afectados que advierte con llegar a los juzgados para plantear un supuesto delito de prevaricación.

Los vecinos de Lodero preguntaron y repreguntaron sobre lo que entienden como incongruencias en la toma de decisiones por parte de la Administración pública que tutela una obra de interés general.

Martín, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, acompañado por varios técnicos, intentó explicar a los afectados que la colocación de tuberías privadas aprovechando la apertura de zanjas en el marco de una obra pública, es algo “habitual”, que no debe suponer en ningún caso enfrentamiento con la administración. Tanto es así, que conminó a los vecinos a acudir de forma privada a los juzgados para resolver sus posibles enfrentamientos.

La conducción privada aprovecha esta zanja hecha por la Consejería dentro de la obra pública por valor de 1,3 millones de euros. | DA

El argumento no deja satisfechos a los vecinos, que se plantean cuestiones como dónde está el proyecto de la conducción privada, dónde está la autorización o el documento ofiical que permite la realización de una actuación que, caso de causar daño por una rotura en el futuro, permitiría hacer frente a daños patrimoniales tanto en la vía pública como en parcelas privadas por donde esta conducción pasa, al amparo de la autorización dada por el director de la obra y miembro de una empresa privada.

Frente a esta posición el director general de Agricultura deja claro que la inversión llevada a cabo en La Palma responde a una decisión “política” y “técnica”, y advierte del riesgo que corre el fin de los fondos si esta situación se generalizase. Es más, según los miembros de la Consejería, ya ha habido alguna advertencia por parte del Ministerio de Agricutura que nos dice que “no va a invertir donde haya reclamaciones de vecinos”.

Según los datos facilitados por la ingeniera de la Consejería de Agricultura que acompañó a César Martín a la reunión, en esta fase de la obra, por valor de 1,3 millones de euros y dentro de un proyecto de modernización de la red de riego de la comarca por valor total de 7,7 millones de euros, se han atendido las ocho solicitudes presentadas para incorporar mangueras o mejorar las conducciones privadas.

Solo tres de estas peticiones son de particulares, mientras que las cinco restantes han sido presentadas por el Ayuntamiento de Villa de Mazo. Si bien en dos casos las conducciones tienen recorridos de entre tres y doce metros, en el caso de la que es objeto de la denuncia de los vecinos del barrio de Lodero, esta tendría un recorrido sustancialmente mayor, que la Consejería de Agricultura fija en 560 metros y que los vecinos sitúan en algo más de un kilómetro.

“La Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias cuenta con 6 millones de euros este año para afrontar las obras de regadío en Canarias con criterios políticos y técnicos”.