Demencia mixta, alzheimer y deterioro vascular. Encamada, con un estado de salud muy precario, escasa movilidad y con úlceras de presión que son curadas a diario. Es Nereida, la misma mujer cuya hija y cuidadora principal, lleva más de un año y medio reclamando un recurso asistencial que no ha llegado pese a que es una gran dependiente de grado III.
Eso sí, aún nadie le ha dado explicaciones de por qué han transcurrido siete meses desde ese reconocimiento y aún no se le ha realizado el Programa Individual de Atención, el conocido popularmente como informe PIA, e imprescindible para la atribución de servicios y prestaciones que le corresponden como gran dependiente. Durante este tiempo solo ha logrado pasar del número 18 de la larga lista de espera del Hospital de Dolores, dependiente del Cabildo, al número siete, lo que en términos prácticos no supone ningún cambio ni en sus cuidados, ni en su calidad de vida, ni en el agotamiento de su cuidadora, una hija que no trabaja para poder atender a su madre mientras la administración se salta los plazos.
El Diputado de Común ha dado curso a la queja por la lentitud administrativa y reiterada de la administración, entre éstas la Dirección General de Atención a Dependencia y a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, tal y como consta en los escritos presentados por la hija de Nereida. Para Carmen María Hernández “lo más decepcionante es que cualquiera que sea el político y el partido al que pertenezca, no tienen más que excusas. No hay soluciones, ni diligencia, ni eficacia a la hora de solucionar el problema, que no es el de mi madre, es el de muchas personas mayores en la isla de La Palma. “Mi madre puede morir y ser una de las dependientes a las que nunca se les dio el recurso”.
Agrega que “me dicen que si así fuera, nos darían los recursos con carácter retroactivo pero mi pregunta es para qué servirá eso a mi madre. Lo que nosotros necesitamos es que nos ayuden, que el sistema funcione, que se cumpla con los plazos y nada de eso ocurre, ni con mi madre ni con otros muchos ancianos de esta isla. Se callan por miedo, se supone que hay que pedir favores, las familias se las ven y se las desean pero estamos a la deriva y sin ayuda”. Carmen María Hernández, hija de Nereida y hasta el mes de enero miembro de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, AFA La Palma, se dio de baja porque “yo entiendo y así se lo hice saber a sus responsables personalmente y por carta, que una entidad como esa, aunque reciba fondos públicos, debe reivindicar ante la administración que cumpla con su obligaciones y dé cobertura a nuestros familiares”.
Nereida es solo uno de los cientos de casos, en otros tantos centenares de familias que luchan a con esta realidad en un territorio insular con una de las tasas de envejecimiento más altas de Canarias. La asunción de este tipo de problemas sigue ligandose a la verguenza social. Muchas familias llegan a ver en la atención de sus derechos, un paternalismo político que les lleva a dar las gracias ante la obtención de recursos asistenciales.
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