Candelaria

“Nos dijeron que sacáramos ropa para tres meses y ya llevamos 17”

Mary Quijano, presidenta de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta, espera que sea realidad el primer realojo de familias, pero advierte:“No quieren hacer nada en el otro talud”

María Candelaria, presidenta de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta / F.P.

“La concejala de Servicios Sociales nos dijo que sacáramos ropa para tres meses y llevamos más de 17 fuera de nuestras casas”, afirma María Candelaria Quijano, presidenta desde hace menos de un año de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta, el barrio costero de Candelaria desalojado el 27 de octubre de 2016.

Quijano espera que en breve puedan regresar los primeros vecinos al barrio, tras culminar las obras del talud propiedad de Endesa, pero no entiende que “todavía se siga esperando por el decreto de realojo, cuando la obra está terminada desde el 6 de abril”. Sobre ese decreto entiende que “lo debe firmar Nayra, la arquitecta municipal, como dice el secretario, porque ella fue quien firmó el desalojo”, apunta.

Para la presidenta del colectivo vecinal, “será una alegría que una docena de vecinos puedan regresar a sus casas, pero está claro que la parte de Dani Ran no solo va lenta, sino que no vemos que haya interés por parte del Ayuntamiento para ejecutar las obras”. A este respecto, asegura no entender que “no se pidiera la autorización y concesión a Costas al mismo tiempo que se solicitó para la pequeña parte del primer talud. No tenemos ninguna esperanza con la segunda parte”. Quijano recuerda que en las reuniones en la Subdelegación del Gobierno se afirmó que “el Ayuntamiento nunca ha pedido esa concesión”, algo que reconoce el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, porque “no es lo mismo gastarse 54.000 euros que un millón de euros en una propiedad privada”, manifestó en este periódico. El proyecto de la actuación para garantizar la seguridad en el talud de Dani Ran, el mayor y más peligroso de Bajo la Cuesta, recoge un gasto de 1,2 millones de euros, de los cuales unos 800.000 euros costaría la actuación en el dominio público marítimo terrestre, para lo que el Ayuntamiento ha pedido ayuda al Gobierno de Canarias y el Cabildo, sin recibir respuesta alguna.

Mary Quijano afirma que “el regreso de los primeros vecinos no dividirá al colectivo vecinal, porque todos seguimos muy unidos; otra cosa es que los que no lo haremos ahora veamos el futuro muy negro, porque se nos ha mentido desde el primer momento y no hay ningún interés por ayudarnos, cuando todavía hay dos familias viviendo en casetas. Solo hubo interés en sacarnos de ahí”.