Un total de 1.152 personas residentes en La Palma forman parte de la lista de espera para obtener una declaración de discapacidad de manos del Gobierno de Canarias. De esa cifra, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, reconoció la demanda de declaraciones de esta naturaleza por parte de 874 personas hasta el mes de marzo de este año, cifra que se ha incrementado con 282 nuevos solicitantes durante el mes de abril. Los datos, que fueron ayer revelados por la portavoz del Partido Popular en el Cabildo palmero, han salido a la luz a partir de la respuesta dada por el Ejecutivo de Clavijo a la pregunta planteada por la diputada regional del Partido Popular, Lorena Hernández y tras las quejas que en los últimos meses a venido recibiendo la consejera María de Haro por parte de palmeros afectados.
Este importante número de demandas de declaración de discapacidad, que mantiene estancada la situación educativa, sociosanitaria y legal de muchos de estos solicitantes, ha suscitado un debate en el seno del pleno del Cabildo palmero, a cuyo grupo de Gobierno se le exige desde las filas de la oposición que inste al Gobierno de Canarias a reforzar un servicio que se presta en colaboración con la institución insular en base a la firma de un convenio que fue prorrogado en diciembre del pasado año 2017 “dado el resultado positivo del mismo obtenido durante su vigencia y prórroga y en aras del interés público y social perseguido con su suscripción”. Estos fueron los argumentos del Gobierno de Canarias cuando autorizó a su Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, la suscripción de la segunda adenda de colaboración con el Cabildo palmero para “encomendar la gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad”.
La consejera de Asuntos Sociales del Cabildo palmero circunscribió -en el pleno del mes de abril y sin conocer los datos exactos del Gobierno de Canarias- a casos aislados esta situación, llevada al debate plenario por la portavoz popular, quien ayer se mostró convencida de la urgencia de que el Cabildo insista ante el Ejecutivo canario para corregir por la vía de la contratación de un mayor número de profesionales, este servicio y la cobertura de la demanda que recibe.
Sin estos informes informes médicos, psicológicos y sociales, que constituyen la base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad de los demandantes, la situación educativa, económica y social de estos palmeros no puede ser atendida. La consejera popular en la oposición, apoyó en los datos objetivos del Obecan una situación que considera grave y que condiciona el presente de los afectados y de sus familias, que en muchos casos dependen de esta declaración para, a partir de la calificación del grado de discapacidad, tener acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorgan a las personas con discapacidad.
El convenio firmado con el Gobierno de Canarias requiere de “un refuerzo de los medios para atender este servicio”, argmentó María de Haro, y dado que el convenio no supone ningún beneficio sino hay personal suficiente para la evaluación y redacción de los informes relacionados con la discapacidad previstos en la Orden de 18 de octubre de 2013 y que son de obligado cumplimiento para determinados casos de acceso a vivienda de protección oficial, el ingreso en centros residenciales sociosanitarios, el acceso y adecuación a puestos de trabajo y y a planes de ayudas de los propios ayuntamientos, a cuyos trabajadores sociales acuden muchos de los afectados desconociendo que no son estos técnicos los competentes en la materia.
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