El problema más importante y definitorio del sistema electoral autonómico canario lo constituye la ausencia de una circunscripción comunitaria o lista regional. Esta ausencia tiene varios efectos perversos. En primer lugar, incrementa la enorme desproporcionalidad del sistema, originada por la sobrerrepresentación de las islas no capitalinas, cuya población, el 14% de los canarios, elige a la mitad del Parlamento. Eso significa que el valor del voto de, por ejemplo, un elector herreño es 18 veces superior al de un elector de Gran Canaria o Tenerife. Significa también que las campañas electorales son exclusivamente insulares, por lo que las candidaturas pueden practicar -y practican- el séptuple lenguaje, y decir -y prometer- cosas muy distintas en cada isla: una lista insular solo busca -y necesita- los votos de su isla. En definitiva, la ausencia de una lista regional establece entre nosotros un ámbito exclusivamente insular del discurso político, las campañas electorales y el liderazgo político, lo que dificulta el fomento de una cultura política pancanaria y solidaria e incentiva nuestro secular pleito insular.
El tercer efecto pernicioso de la ausencia de una circunscripción comunitaria canaria es que nuestro presidente del Gobierno no es votado por todos los canarios, sino exclusivamente por los electores de la isla en la que se presenta. Se promueve entonces la percepción social que considera a los presidentes representantes de una isla determinada, en detrimento de las demás. La efectividad beneficiosa de la introducción de una lista regional habría de completarse con otra, que sólo podría adoptarse, claro está, por la vía consuetudinaria y de los covenants o pactos políticos fundamentales, al margen del texto estatutario: la inclusión de los candidatos a la Presidencia del Gobierno autonómico necesariamente en las listas regionales de sus respectivas fuerzas políticas, con su obligado correlato de un discurso político y una campaña electoral de ámbito auténticamente comunitario, es decir, canario.
Los efectos cuantitativos en la composición parlamentaria canaria de la lista regional serían de un moderado reforzamiento de las fuerzas políticas con mayor implantación en las islas capitalinas, es decir, un aumento de la proporcionalidad del sistema. Y no parecen fundamentadas las opiniones de que la circunscripción regional produciría dos clases de diputados: regionales e insulares. Existen suficientes ejemplos en los sistemas electorales comparados para poder afirmar todo lo contrario. En el actual Senado, por ejemplo, conviven senadores con tres distintos orígenes (provinciales, insulares y autonómicos), sin que se establezcan entre ellos diferencias sustantivas en base a tales orígenes diferenciados.
Los efectos perversos de la ausencia de una lista regional no se corrigen con elegir nueve diputados más en un colegio de restos, que solo aumentarían ligeramente la proporcionalidad del sistema.
Para nosotros, se trata simplemente de ganar lo que se pierde por la rebaja de las barreras. En cuanto al chiste de que más diputados no suponen más gasto público, tiene una cierta gracia, pero la situación política isleña no está para demasiadas bromas.
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