Miembros de la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible, liderada por el profesor de Derecho Constitucional Santiago Pérez, compareció ayer en el salón de consejeros del Cabildo de La Palma para señalar las lecturas “interesadas” y “triunfalistas” que, desde su punto de vista, han hecho de forma “precipitada y poco acertada” líderes regionales e insulares de Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la conocida como Ley turística de las Islas Verdes, que “en su fallo avala las tesis contra la planificación a gusto de los constructores y lejos del interés general”. Acompañado de los consejeros electos de Podemos, Izquierda Unida y Sí Se puede en los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro, Santiago Pérez explicó que los proyectos declaradados de interés insular no están salvados por la resolución del Constitucional, con lo que quedan a expensas de las justicia ordinaria una vez se pretenda su ejecución en suelos no aptos para el desarrollo de actividades turísticas o con protección ambiental en sus distintas categorías.
Pablo Díaz, de La Centinela Ecologistas en Acción, presente ayer en la mesa de comparecientes junto al consejero insular de Sí Se Puede en el Cabildo de La Gomera, Rubén Martínez; Vanesa Catalán de Izquierda Unida Canaria y Román González del grupo de Podemos en El Hierro, coincidió con Pérez al expresar estar “contentos” con la sentencia porque “avala las tesis contra la planificación a gusto de unos pocos y está muy lejos de las interpretaciones de seguridad jurídica que tratan de sostener las versiones oficialistas”. La Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible se muestra, en el análisis del fallo al recurso presentado contra la Ley de las Islas Verdes convencida de que “el Plan Territorial Especial de Uso Turístico para La Palma no ha resucitado como quieren hacernos creer y las actuaciones que fueron anuladas en su día lo siguen estando”. Si el argumentario expuesto ayer en la sede del Cabildo por los oponentes a la denominada Ley de Islas Verdes, los campos de golf y otras actuaciones turísticas incluidas en el listado de “actuaciones estratégicas” aprobada por el Cabildo palmero en consenso con promotores y constructores que llevan más de 20 años esperando el desarrollo de sus proyectos, no estarían excentas de enfrentarse a denuncias en juzgados de primera instancia. Esa esa la estrategia a seguir a partir de ahora por parte de la Plataforma por un Territorio Sostenible, que en base a la posibilidad que abre el propio fallo judicial, denunciarán cualquier actuación que, aún estando en ese grupo de proyectos estimados como prioritarios, no se ciñan al cumplimiento de la normativa del suelo en cada uno de los casos y no presenten lo que estiman como imprescindibles estudios de impacto ambiental.