Puerto de la Cruz

PP-CC se reunirá con todos los propietarios del Iders en un mes

El Pleno acuerda por unanimidad una convocatoria que tiene como objetivo trasladar la voluntad de la Corporación local de resolver un problema que lleva enquistado 27 años

Propietarios del edificio Iders y unos 60 trabajadores de la empresa Ocio Costa Martiánez asistieron ayer al Pleno portuense. DA

El Gobierno municipal se reunirá con todos los propietarios del edificio Iders, situado en la avenida Bethencourt y Molina y desalojados en 1991 por presunta aluminosis, en el plazo máximo de un mes.

Así lo acordó ayer por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz a iniciativa del grupo Socialista que presentó una moción para resolver la situación de este inmueble cuya rehabilitación se ha paralizado debido a la falta de acuerdo entre todos los propietarios y un empresario que fue adquiriendo viviendas a bajo precio.

Actualmente lo único que existe es una propiedad de 1.840,95 metros cuadrados de parcela repartida entre las cuotas de los antiguos comuneros en la que años atrás se ubicaban 84 apartamentos y 11 locales.

Con algunos de los titulares presentes, los cuatro grupos políticos (PP, CC, PSOE y ACP) debatieron durante casi una hora sobre el futuro del inmueble enmienda in voce de por medio del gobierno (PP-CC).

El PSOE insistió en todo momento en que el Ayuntamiento tenía “una oportunidad de oro” para resolver un problema enquistado hace 27 años debido a que todos los cambios administrativos y legislativos “son a favor de los propietarios”. Así, recordó que el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad aprobado en 2015, le quiso dar una solución a este problema, ya que se plantea por parte del Consorcio de Rehabilitación Turística que, de forma excepcional, se pueda renovar estableciendo nuevos parámetros urbanísticos, aumentando el coeficiente de edificabilidad actual y optimizando la parcela mediante una nueva regulación de volumetría y usos propuestos, que permitiría realizar hasta 10 plantas con una superficie de 9.020,66 metros cuadrados.

El portavoz socialista, Marco González, acusó al PP-CC de no reunirse con los propietarios desde 2016 pero el alcalde, Lope Afonso, negó esta afirmación y subrayó que era “perfectamente demostrable” que tanto él como el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Marrero, lo habían hecho con varios de ellos.

Cuando parecía imposible llegar a un consenso, la ACP medió para conseguirlo al “haber voluntad política” y la moción que tiene como objetivo trasladar la voluntad de la Corporación municipal de resolver el problema salió adelante por unanimidad.

Algo similar ocurrió con la propuesta de este último grupo para resolver de inmediato la concesión administrativa de los servicios de restauración del Lago, ya que la empresa Ocio Costa Martiánez le debe al Ayuntamiento 1,5 millones en concepto de canon. Pero en este caso, fue necesario un receso de casi media hora y dos enmiendas, una del PSOE y otra de la propia ACP, también in voce, para consensuar una propuesta definitiva que no contó con el beneplácito de los proponentes.

Estos últimos establecían como condición que se inicie la elaboración de los pliegos de condiciones para la licitación del servicio y poder otorgarlo a un nuevo concesionario con la mayor celeridad posible una vez que el juzgado de lo Mercantil resuelva la situación de Ocio Costa Martiánez, actualmente en concurso de acreedores. Para la ACP, ello garantizaría los puestos de trabajo y evitaría que la plantilla fuera subrogada por la empresa pública Pamarsa, en proceso de disolución.

Resolución judicial

El portavoz del gobierno, Pedro González, insistió en que esto último no era viable porque primero era necesario conocer la resolución judicial, pero a juicio de la ACP, se trata de “es una excusa para proteger arbitrariamente a la empresa”, sentenció su portavoz, David Hernández.

González también leyó un escrito de los empleados, dado que unos 60 estaban allí presentes. Éstos dejaban claro que cobraban puntualmente, que la concesionaria había presentado las correspondientes justificaciones de pago a la Seguridad Social y una propuesta para negociar toda la deuda con el Consistorio. Asimismo, trasladaban su preocupación por el desamparo en el que se encontrarían hasta que se convocara una nueva concesión.

Finalmente, el Pleno aceptó la propuesta del PSOE y resolvió convocar antes del 28 de junio la Mesa de Control y Fiscalización de las concesiones administrativas con los representantes de los trabajadores y de la oposición a fin de conocer en que situación se encuentra la relación contractual entre el Ayuntamiento y Ocio Costa Martiánez y determinar los pasos a seguir.