Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, que ayer accedió a valorar la situación del desahucio ahora paralizado de Samara y de sus tres hijos, explicó que “me parece legítimo que una persona quiera agotar todas las posibilidades, cualquier persona y dejando claro que no hablo de este caso en concreto. Es legítimo que utilice cualquier medio, pero en un estado democrático otros tenemos que defender el interés general”. Asegura la regidora local, aunque insistiendo en que no se refiere al caso concreto de Samara, que “siempre existen alternativas y, de hecho, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha trabajado y acompañado a siete familias a lo largo de estos años ante situaciones problemáticas muy complicadas, y han conseguido alternativa alojativa”.
Se pregunta la alcaldesa “qué les decimos a los ciudadanos; que a unos por incumplir la ley se les da atención frente a otros que han colaborado de forma voluntaria con Asuntos Sociales, porque obviamente se necesita la colaboración de las familias para solucionar estos problemas”.
Detalló que “no voy a hablar del expediente de un usuario de Asuntos Sociales, no solo legalmente sino moralmente no me siento en la autoridad para hablar del expediente de nadie, ni de las circunstancias personales de nadie. El tratamiento que se hace por parte de Servicios Sociales a todos los usuarios es en cumplimiento del mismo protocolo, siempre con una valoración de la trabajadora social” de forma que “los casos más complicados se ven en las reuniones de equipo que se hacen de forma periódica y con personal especializado en caso de que haya menores”.
La denuncia a Samara y a su familia, explica la alcaldesa popular, “se produce a raíz de una ocupación ilegal de un bien público que estaba destinado a familias vulnerables socialmente, a familias con dificultades”. Preguntada por si es Samara una de las familias que estaría dentro de esa consideración de vulnerabilidad social, la alcaldesa asegura que “no lo sé, eso lo tiene que determinar Servicios Sociales, en este caso se ha ocupado de forma ilegal una propiedad, por lo tanto se ha usurpado la posiblidad de ocupar esa casa a familias que lo necesitan tras ser valoradas por los equipos sociales, porque obviamente eso no lo valoro yo como alcaldesa sino los equipos de Asuntos Sociales”.
Ante la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento que preside y que dio lugar a la senytencia de desahucio de Samara y de sus hijos, finalmente paralizada por el juzgado tras la intervención de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias, Noelia García explica que “nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de defender el interés público; es como si roban en el Ayuntamiento, pero como roban para comer no los denuncio. Tengo la obligación de denunciar porque tengo la obligación de defender el interés público. Hay familias que han sido valoradas y están esperando por ese recurso para poder entrar, porque además en un recurso en el que va a caber más de una familia. Lo que hemos hecho es defender el interés general”.
En cuanto a quién es el organismo competente para intervenir en este caso, dando una respuesta habitacional para Samara y sus tres hijos frente al desahucio ya paralizado a petición del organismo autonómico, la alcaldesa explica que “no olvidemos nunca que desde el primer momento pusimos en conocimiento del Gobierno de Canarias, competente en materia de Vivienda en la Comunidad Autónoma en las que los ayuntamientos no somos competentes, e hicimos saber cual era la situación”. Añade que “incluso hace más de seis meses una trabajadora social de ese departamento mantuvo una reunión con la usuaria, recientemente volvemos a mandar una nueva carta a la directora general de Vivienda y solicitaron mantener una reunión con el Ayuntamiento para trabajar de forma coordinada”. Agregó que “en los últimos días he mantenido contactos y se que hay voluntad para dar alternativas alojativas a la usuaria, y lo que estamos es pendiente de seguir trabajando con el Instituto Canario de la Vivienda”.
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