Una docena de países latinoamericanos participarán en un encuentro que se celebrará entre mañana y pasado en Quito para abordar la grave problemática generada por la masiva migración venezolana. Para poder sobrevivir, más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado la frontera de su país desde 2015. Una diáspora que ha desatado la grave crisis económica que sufre el país y que se ha convertido en una problemática regional que está desbordando a los países del entorno, especialmente los principales receptores, como Colombia, Ecuador o Perú. Si bien asistirán a esta cumbre, que tendrá carácter técnico, representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, además de miembros de los tres países antes citados. Venezuela, como es previsible, no participará.
En el caso del anfitrión, en los últimos seis meses 547.000 venezolanos han cruzado Colombia para asentarse en Ecuador. En el mes de agosto se produjo el mayor repunte y entraron unos 4.000 migrantes al día, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicados por Notimérica. Si bien, el principal país receptor de migrantes venezolanos es Colombia, donde se estima que se han trasladado en torno a 800.000 personas procedentes de la República.
Este éxodo está provocando además el rebrote de comportamientos xenófobos contra los migrantes venezolanos, que a la dificultad que representa la marcha de su país de origen por necesidad, tienen que añadir sufrir y hacer frente a la discriminación social en los países de acogida.
Así las cosas, son decenas los venezolanos quienes han denunciado haber recibido un trato discriminatorio motivado por su origen, tal y como ha denunciado la Fundación Ideas para la Paz (FIP, por sus siglas en inglés), poniendo el foco en el tráfico de personas y en la explotación sexual, tal y como recoge Notimérica.
Testimonios de situaciones de exclusión o trato discriminatorio se suceden en los países que están recibiendo los principales flujos migratorios de Venezuela. Es el caso de Leydy, una venezolana de 30 años y con un hijo de 13, que se instaló en Ecuador hace dos meses después de que la ferretería en la que trabajaba en su país de origen hubiese cerrado.
“Sentí que querían tenerme como una esclava”, ha declarado al diario La Tercera, al explicar su trabajo en el país como empleada doméstica. “En los buses ves como algunos miran mal a los venezolanos que se suben a vender cosas. También empiezan a hablar en voz baja y uno siente que es rechazado”, añadió.
Esta sangría poblacional, que denuncian los países del entorno de Venezuela y organizaciones internacionales, es negada por el Gobierno de Nicolás Maduro, que justifica esta voz de alarma sobre el éxodo masivo de venezolanos a una estrategia para justificar una intervención militar del país. Una teoría conspiranoica del Gobierno que hizo pública la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
De la misma raíz que el argumentario oficialista de la guerra económica para justificar la devastadora crisis que sufre el país, Rodríguez señaló que se trata ahora de una “operación internacional contra nuestro país dirigida por el Gobierno de Estados Unidos, factores de la Unión Europea y el Grupo de Lima que han abultado las cifras de migrantes venezolanos para agredir a nuestra patria, al presentar una supuesta crisis humanitaria con el propósito de provocar su intervención”.
Lejos de cualquier señal de autocrítica, el presidente del Gobierno defendía ayer a través de las redes sociales que “el Programa de Recuperación Económica ha demostrado en 10 días, ser el camino correcto para la recuperación del equilibrio y la estabilidad del país”. Mientras tanto, los pensionistas salían ayer a la calle en protesta para poder cobrar sus pagas por la taquilla.
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