El Senado tramita ya el Estatuto y el REF, y espera hacerlo en un mes

Diario de Avisos / Europa Press

El Senado recibió ayer del Congreso la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal (REF), unos proyectos que se tramitarán con agilidad, pese a que, por problemas reglamentarios, no puede ser abordado por la vía de urgencia, tal como había pedido Nueva Canarias (NC). La senadora de este partido, María José López Santana, solicitó en la Junta de Portavoces que la tramitación fuera rápida para que ambas normas estén aprobadas en un mes, la mitad del plazo que prevé el Reglamento.

Los grupos políticos de la Cámara Alta han alcanzado un compromiso para cubrir la tramitación de estas dos importantes leyes en tan solo un mes, la mitad del plazo ordinario, ante la incertidumbre existente sobre un posible adelanto electoral. Según este acuerdo, la reforma del REF será aprobada por el pleno del Senado el 23 de octubre, y el mismo día saldría adelante la reforma del Estatuto en la Comisión General de Comunidades Autónomas. A su vez, existe el compromiso de los principales grupos en Canarias para dar luz verde al nuevo Estatuto, sin tocar una coma, dado que el texto ha de ser ratificado en las Islas por los cambios sustanciales que ha experimentado (la supresión de los aforados y en materias relativas al comercio exterior, entre otras). De este modo, ambas leyes estarían publicadas en el BOE, si no hay adelanto electoral, a finales de noviembre.

Tal y como informó el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, el acuerdo supone que los grupos le darán “máxima agilidad” a la tramitación.
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves de la semana pasada la propuesta de reforma del Estatuto con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos. La norma entrará en vigor una vez que la ratifique el Senado, si no se introduce ningún cambio.

El nuevo Estatuto recoge modificaciones del sistema electoral, el anclaje del REF y su desvinculación del sistema general de financiación autonómica, así como la supresión de los aforamientos para los diputados autonómicos y el Gobierno. Canarias será así el primer territorio en el que estos políticos pierdan esta prerrogativa, en pleno debate por la intención del Gobierno de modificar la Constitución para retirar esta protección para diputados y senadores.