Los aforamientos

Si alguien pensó que el asunto del doctorado de Pedro Sánchez quedó zanjado exhibiendo la prueba de dos sistemas de comprobación de plagios, por parte de Moncloa, o por el envío de burofax a los medios de comunicación, amenazando con una querella si no se producía una contundente rectificación, se equivocaba de medio a medio. La demostración de que esto no fue suficiente está en el anuncio de la reforma constitucional sobre los aforamientos en el plazo de dos meses. El tema no está cerrado, por lo que el nerviosismo se ha apoderado del personal cercano al presidente aconsejándole una operación de venganza que, en ningún caso, va a acallar las sospechas sobre el fraude académico. Planteado fríamente, personalizar la medida en el caso del señor Casado es muy torpe porque con esto no se conseguirá acallar a la prensa. El presidente del Gobierno ha logrado focalizar la atención sobre sí mismo con el riesgo de fracasar en una medida efectista que tiene un éxito dudoso.

Sánchez ha contado con el factor sorpresa intentando coger a todos con la guardia baja, pero esto en política no puede ser, porque el tiempo que crees que llevas de ventaja será recuperado por los otros, que dispondrán de un mayor plazo para pensárselo y jugar su oportunidad sin meter demasiado la pata. Ha sorprendido a los empresarios que asistieron al acto de la Casa de América, a los miembros de su gabinete, que se estaban desayunando con la noticia, a los grupos que lo apoyan en la Cámara, a los partidos de la oposición y a todos los medios, afines o no, que han manifestado de manera casi unánime su estupefacción ante el anuncio. Aún no he escuchado al coro de voces seráficas aplaudiendo la medida con las orejas como es de costumbre.

Podemos ha aprovechado para exigir la inclusión de otras medidas de mayor alcance en la reforma referentes a la institución monárquica, ERC plantea introducir el derecho a la autodeterminación, Ciudadanos, al que han robado una iniciativa que siempre llevaron en su programa y que se contenía en los famosos cincuenta puntos de 2016, dice que la norma deje de amparar a los 250.000 que hoy están aforados, no solo a los parlamentarios, en el caso de que sean imputados por delitos ajenos a su responsabilidad política y entre los que no se contempla la corrupción. El PP advierte del riesgo de que los dirigentes catalanes pendientes de juicio dejen de ser juzgados por el Tribunal Supremo. No se niega a estudiar la propuesta y dice que debe de iniciarse un debate en profundidad dentro de la Comisión ya creada en el Parlamento. Con este panorama, en lugar de un café expreso, a Sánchez le saldrá uno largo que se diluirá sin pena ni gloria en el debate parlamentario. Ante esta situación no se puede decir que haya sido una idea feliz anunciar a bombo y platillo una medida que, más que ser estrella, está llamada a estrellarse. Hasta sus más conspicuos seguidores mediáticos la han recibido con la tibieza que requiere algo que no tiene garantizada su viabilidad. Todos coinciden en que contribuye a deteriorar la confianza de los electores y a acreditar cada día más la idea de que el viento que inspira al ejecutivo es el de la improvisación. Si esta era la coyuntura con la que iba a encontrarse el día en que aceptó ser investido debería hacer buenas sus palabras de aquel momento, disolver las cámaras y convocar elecciones, pero no por la calidad de su tesis doctoral sino por la incapacidad manifiesta para gobernar un país con solo ochenta y cuatro diputados.