La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, reconoció ayer que los ancianos y ancianas isleños acogidos a la Ley de Dependencia pagan de más respecto a lo que deberían abonar si se respetase lo estipulado en la legislación vigente porque el Ejecutivo al que pertenece sigue sin cumplir con un decreto aprobado hace ya tres años. La sorprendente confesión de Valido se produjo además en sede parlamentaria, concretamente cuando fue interpelada sobre este asunto por la diputada regional del PSOE Teresa Cruz Oval.
Para excusar este perjuicio a los intereses personales de los ancianos afectados y sus familiares, Valido argumentó que existía un supuesto riesgo de que algunas residencias de mayores tuvieran que cerrar en caso de aplicarse la normativa vigente, pero omitió ante sus señorías que su departamento no ha destinado ni un euro al tema que nos ocupa en los presupuestos autonómicos, a pesar de que las últimas cuentas regionales son las mayores de la historia al registrar un aumento de 938 millones de euros respecto a las de 2017, al pasar de los 7.301 millones de entonces a los 8.239 previstos para el año en curso.
La diferencia
Sobre cuánto pagan de más estos ciudadanos canarios, cabe explicar que, tal y como reconoció ayer Valido, en nuestra Comunidad Autónoma se sigue aplicando un criterio de copago fijado en 1998, por el cual se establece como aportación del dependiente el 75% de la pensión en las residencias permanentes y del 40% en las de día.
En cambio, el decreto de 2014, cuya aplicación sigue sin llevarse a cabo pese al tiempo transcurrido, prevé que se abone como máximo el 90% del coste del servicio y que queden exentas de copago las cantidades equivalentes al Iprem (unos 537 euros mensuales), excluida la atención residencial, entre otros criterios. Hay que aclarar que el Iprem es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y se utiliza en 2004 en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo en sustitución del Salario Mínimo Interprofesional. La diferencia a la hora de aplicar cada baremo beneficia al bolsillo de los mayores.
Sin embargo, Valido (como recoge Efe) llegó a quejarse de que esta cuestión sobre los diferentes métodos de copago de la dependencia no se lleve “con discreción”, ya que “hay gente muy enfadada porque pagaría menos de lo que está pagando” si se aplicara el decreto de 2014. “Hay que tener cuidado, porque las entidades pueden salir perjudicadas, esto se llevó con discreción y me apena que se saque”, porque se puede generar una presión que obligaría a aplicar el copago de manera inmediata, avisó la consejera. Aseguró que su posición “es muy difícil y complicada”, porque ha asumido un compromiso anterior a pesar de que “muchos ciudadanos reclaman que se haga el copago”.
“Corremos riesgos porque no estamos aplicando una de las partes importantes de la ley”, admitió la consejera, pero al mismo tiempo, continuó, “no podemos exigir a determinadas entidades el copago sin colocarlas en una situación de crisis que puede llevar al cierre” y por eso no se puede aplicar el decreto de 2014, ya que los centros necesitan la aportación de los usuarios.
Herencia
Valido también utilizó como excusa que se encontraba en un situación heredada de la etapa de la anterior consejera, la socialista Patricia Hernández, a tal punto que aseguró que ella se ha limitado a mantener el compromiso asumido por su antecesora hasta que se actualicen los precios de los servicios a su coste real.
Sin embargo, Patricia Hernández negó anoche, en conversación con DIARIO DE AVISOS, que exista tal compromiso, a la par que ofreció su versión de los hechos: “Cuando llegamos, el decreto de 2014 ya estaba aprobado, como es obvio, pero no había modo de aplicarlo por falta de recursos financieros, pero también por otras carencias, como por ejemplo medios informáticos adecuados”, explicó Hernández. “Acudimos a los servicios jurídicos, pero nos confirmaron que dicho decreto, al responder de la ley estatal, era de obligado cumplimiento, y por eso incluimos en las medidas del Plan de choque que llevamos a cabo en el sector de la Dependencia varias actuaciones para hacerlo, entre las cuales estaba dotar con más dinero al copago [unos siete millones de euros en los presupuestos de 2017, cuatro aportados por el Gobierno de Canarias, y otros tres desde los cabildos] y actualizamos el precio de plaza por día”, además de encargar un estudio sobre cuánto saldría a las administraciones públicas el nuevo decreto.
Como es sabido, tales actuaciones quedaron interrumpidas cuando Coalición Canaria incumplió su pacto de Gobierno con el PSOE y expulsó a sus consejeros en la navidad de 2016.
Contestación
En su réplica a Valido, la diputada del PSOE Teresa Cruz afirmó que no es cierto que todos los cabildos apliquen el criterio de 1998, sino que algunos usan el copago previsto en el decreto de 2014. “No todas las personas en situación de dependencia hacen el mismo copago” y el Gobierno es responsable de que sea igual en todas las Islas.
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