Los brazos ejecutores

El análisis más sensato -y acertado- de la cuestión catalana sigue siendo el que Ortega y Gasset hizo en su polémica con Manuel Azaña sobre el Estatuto de 1932. Ya entonces advertía Ortega de que es un problema que no tiene solución y, por consiguiente, con el que los españoles debemos aprender a convivir. Y eso que, en aquella época, los intentos históricos secesionistas catalanes tercero y cuarto fueron abortados por la República por la vía militar con enorme rapidez y ejemplar contundencia. El actual quinto intento ha durado ya más que cualquiera de los anteriores, y tiene un apoyo social, una extensión institucional y una profundidad política interna e internacional sin precedentes.

Algunos partidos están reclamando una nueva aplicación del artículo 155, pero hemos llegado a un punto en el que esa aplicación no resolvería nada -como no resolvió la anterior-, salvo que se interviniera indefinidamente la autonomía de Cataluña. A la vista de las tendencias de voto de la sociedad catalana, tampoco serviría para nada una nueva convocatoria electoral.

La mezcla de no hacer nada y de utilización política de los jueces, que diseñó Rajoy y aplicó su vicepresidenta, fracasó también. Y el disparate de mantener en prisión preventiva a los líderes independentistas no soluciona nada y, lejos de su buscado efecto ejemplarizante, tan solo ha servido para alimentar el victimismo y el enfrentamiento social de los lazos amarillos. El paroxismo de la situación llegará cuando tengan lugar los juicios y las previsibles condenas, con la incógnita de los posibles indultos. Y en un contexto, además, en el que es preciso reconocer -y aceptar- que la Justicia europea, desde Alemania a Bélgica, está propinando continuas bofetadas públicas y notorias al juez Pablo Llarena, ejecutor de la política del anterior presidente, y, de paso, a la Justicia española.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa gracias al voto independentista catalán, y, en consecuencia, era más que previsible su cambio de política y su apelación al diálogo y a un referéndum para un nuevo Estatuto, cuyo único resultado posible será la concesión a Cataluña -encubierta y justificada por toda la izquierda- de privilegios políticos, económicos y fiscales. Pues bien, en medio de este cambio de política y de Gobierno ha quedado pillado el juez Llarena. Amagaron con dejarlo abandonado a su suerte en la denuncia civil que en Bélgica han interpuesto contra él los huidos, lo que la vicepresidenta del Gobierno justificó por su supuesto respeto a la división de poderes y el supuesto carácter privado del asunto, pero todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluso la izquierdista de fiscales, a la que pertenece la ministra de Justicia, y excepto la no menos izquierdista y gubernamental Jueces y Juezas para la Democracia, en evidencia por la rectificación gubernamental, denunciaron la dejación de funciones del Gobierno y la indefensión del magistrado, consiguiendo la rectificación. A la vicepresidenta y a Margarita Robles les costó convencer a Pedro Sánchez, en contra de la ministra de Justicia.

Quizás lo sucedido sirva para que los jueces y fiscales españoles comprueben que no compensa ser los brazos ejecutores del Gobierno de turno, y, por fin, abandonen la política y la ideología y presten más atención al Derecho.