El director general de Ordenación del Territorio, Pedro Afonso, reconoce que los efectos esperados de la reforma aprobada hace dos años de la Ley de Islas Verdes en materia turística no se han notado todavía en La Palma. El político palmero evita responsabilizar a ninguna administración de este bloqueo y sostiene que las instituciones públicas “lo que tenemos que hacer es espabilarnos e ir a los ritmos que nos demanda la sociedad”.
Así lo comentó en declaraciones a este periódico en el marco de las jornadas que ha organizado la Consejería de Política Territorial sobre la Ley de Islas Verdes, en la que se ha sentado en la Isla Bonita a unos 130 miembros de la Administración y agentes económicos y sociales de La Palma, La Gomera y El Hierro para abordar esta “estrategia”.
Afonso asegura que La Palma “necesita un crecimiento de turismo convencional para generar masa crítica, pero eso no quiere decir que se vayan a hacer los sures de Tenerife o Gran Canaria”, valorando como “demagogia” las acusaciones que se vierten sobre el supuesto desarrollismo que propiciaría la ley de Islas Verdes y la del Suelo.
Al contrario, la llegada de estas inversiones privadas ligadas al modelo convencional, es lo que, a su juicio, va a permitir el desarrollo del turismo propio de este territorio, al favorecer la iniciativa de los pequeños inversores de La Palma. “Para que eso suceda necesitamos tener masa crítica suficiente para ser un destino demandado y si no nos ponernos de acuerdo no conseguimos nada, sino que los inversores que arriesgan su capital y su patrimonio digan que no”.
Afonso insistió en que la situación de parálisis de la Isla “no es culpa de nadie”. “Ahora tenemos que reflexionar y poner en práctica los instrumentos para que se desarrolle La Palma porque si no vamos a seguir en la misma dinámica”. Y es que pese a que las tres islas a las que afectan esta normativa tienen realidades diferentes, comparten indicadores comunes como la disminución de la población o su situación económica.
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